El Salvador ocupa un escaso territorio de apenas 21,041 km2, siendo el más pequeño de nuestra América. En este espacio habitan cerca de siete millones de personas, sin contar a los migrados (más de tres millones). Esta limitada geografía incluye 4,400 kilómetros de carretera pavimentada, y 2,800 kilómetros de calles de terracería medianamente transitables; más 11,000 kilómetros de calles de verano. El territorio desde occidente, ingresando de Guatemala por la frontera de Las Chinamas; hasta el oriente, saliendo por la frontera El Amatillo, en el límite con Honduras, recorre 345.3 kilómetros, realizables en seis horas de viaje. Claro, si lleva vía libre con sirena y motorizados abriendo el paso.



En teoría, cualquier mortal que viaje desde San Salvador a los municipios más distantes de oriente como Torola, en el departamento de Morazán (220.4 km) hará cuatro horas 50 minutos. Hasta Concepción de Oriente en el departamento de La Unión son 214.3 km. en cuatro horas y media. Hasta la ciudad de La Unión son 207 km. Viaje de tres y media horas. Los municipios más alejados del occidente son San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, a 120 km, con dos horas de viaje; hasta la ciudad de Metapán hay 111.3 km., realizables en dos horas. El municipio más intrincado en la región norcentral del país es San Fernando, en Chalatenango, a 107.2 km. realizables en tres horas veinticinco minutos. En conclusión, no existe lugar en El Salvador al que no se pueda ir, trabajar y regresar por carretera durante el mismo día.

Con esta realidad resulta ofensiva la noticia publicada en la revista especializada “Pucará Defensa”, sobre la compra de un moderno y lujoso helicóptero para uso presidencial de Bukele. La nave: un LEONARDO AWS 109 SP Grand New italiano, del que se desconoce licitación, origen de los fondos, precio pagado; pero se estima en más de cinco millones de dólares. Es toda una carroza voladora, comparada con el lujoso helicóptero recientemente confiscado al expresidente Alfredo Cristiani, valorado en un millón trecientos mil dólares. Esta carroza aérea tiene capacidad hasta para siete pasajeros, más dos tripulantes; arribó precisamente durante las fiestas agostinas.



Sea el propósito del gobernante acortar los tiempos, o alejarse más de la realidad terrenal, lo cierto es que durante el quinquenio anterior Bukele muy raras veces realizó visitas de campo. Aun con esa estrechez territorial, su prioridad siempre ha sido aparecer persistentemente por la ventana de las redes sociales. Si hoy pretende un cambio al estilo del expresidente general Molina, de acuerdo con información pública, la Presidencia ya dispone de un amplio parque de aeronaves VIP, en óptimas condiciones para el servicio presidencial, unidades que están a cargo de la Fuerza Aérea, entre las que están: un helicóptero Bell 412 EP Griffin HT1; un Bell 407; un Bell 206 L Long Ranger; un Bell UH 1H; además otras aeronaves de ala fija.

Muy lejos quedó el discurso oficial de austeridad. Cuando Bukele fue electo alcalde de San Salvador, al asumir su mandato en mayo de 2015, inmediatamente ordenó, junto a su concejo municipal, deshacerse de la camioneta que utilizaba Norman Quijano siendo alcalde, subastando con pompa pública y gran despliegue de redes sociales, y que fuera vendida a un precio base de $65,000 dólares; bajo el argumento de que “el lujo no es para funcionarios públicos”.

El país no está para tafetanes. Publicaciones del economista Cesar Villalona, con datos del Banco Central de Reserva, señala que a julio de 2024 la deuda pública del país creció peligrosamente acercándose al 90% del PIB. De estos, los seis gobiernos anteriores a Bukele, durante treinta años acumularon deuda por $19,241 millones, hasta el año 2019, -un crecimiento de $641 millones por año-. Mientras, en cinco años y dos meses del gobierno de Bukele aquella deuda aumentó en $ 11,872 millones de dólares, hasta sobrepasar los $31,113 millones de dólares, a un ritmo de $2,283 millones de dólares por año.

Mientras, el más reciente informe del PNUD refleja la preocupación de que el 36% de la población tras la reducción de municipios, viven con menos de $200 dólares mensuales; un ingreso inferior al salario mínimo de $365 dólares; cantidad que no cubre el precio de la canasta básica, que hoy alcanza los $264 dólares.