La iniciativa de Araujo para negociar un nuevo préstamo fue sometida a la Asamblea Legislativa en julio de 1931, desencadenando tensiones políticas imprevistas: quebró el consenso en el órgano legislativo, el mismo que semanas antes había validado unánimemente su elección como presidente.
Para Roberto Valdés Valle, las verdaderas intenciones de Araujo al contratar el empréstito no eran para enfrentar y resolver la crisis que se abatía sobre la población, sino facilitar que una poderosa argolla formada por grandes empresarios y financistas nacionales recuperaran los préstamos que habían concedido a lo largo del tiempo al Estado.
La resistencia contra el préstamo se extendió más allá del parlamento: el Consejo Económico —un organismo designado por el propio Araujo—, así como importantes sectores de la prensa nacional y el movimiento estudiantil universitario manifestaron su firme oposición al proyecto.
Un evento clave en las protestas sociales contra el nuevo empréstito fue la manifestación universitaria del 10 de julio. La brutal represión policial de una marcha pacífica, seguida de la imposición de la censura a la prensa, comenzaron a socavar la legitimidad y el apoyo que tenía el liderazgo de Araujo.
Aunque en la literatura relacionada al impopular crédito es común encontrar la afirmación de que la Asamblea Nacional siguió ciegamente los deseos de Araujo, el detallado escrutinio que hace Valdés Valle de los documentos oficiales y las actas legislativas publicadas en el Diario Oficial revela la existencia de un combativo núcleo de representantes que se opusieron férreamente a que el país quedara sujeto a los banqueros internacionales.
Valdés Valle examina en profundidad una iniciativa legislativa destinada a declarar inconstitucional el contrato de Carreteras Nacionales firmado hace diez años entre el gobierno de Alfonso Quiñonez Molina y la empresa constructora vinculada al empresario estadounidense Minor C. Keith. Este hombre de negocios desempeñó un papel crucial en la construcción de infraestructuras importantes en Centroamérica, como ferrocarriles y puertos, y también ejerció una influencia negativa en la política local.
Los acalorados debates legislativos que se produjeron en torno al nuevo crédito terminaron convirtiéndose en un referéndum sobre la honorabilidad del presidente Araujo. José Cipriano Castro, uno de los diputados opositores más diligentes, presentó evidencia de que las finanzas del Estado no estaban en condiciones de un nuevo incremento en los pagos de las obligaciones internacionales. Otro de los opositores fue Alberto Masferrer. Aunque este periodista había hecho campaña política al lado del araujismo, la propuesta de empréstito lo pasó al bando de la oposición. Para Masferrer, el crédito no era la medida más indicada para resolver la situación crítica que por la que estaban pasado miles de familias salvadoreñas.
Valdés Valle también examina a fondo la correspondencia entre los funcionarios salvadoreños y William W. Renwick, el representante fiscal en el país del banco estadounidense que había otorgado el crédito de 1922, sacando a la luz las lamentables prácticas crediticias internacionales de la que han hecho gala los gobernantes salvadoreños.
De acuerdo con el autor, las maniobras que implementó Araujo para obtener este nuevo empréstito despertó la consciencia antiimperialista de los salvadoreños que no olvidaban cómo, entre 1922 y 1926, los presidentes Jorge Meléndez y Alfonso Quiñonez Molina habían hipotecado las finanzas del Estado mediante la adquisición de tres empréstitos leoninos con la banca norteamericana.
Estos préstamos sirvieron para cancelar la enorme deuda externa e interna que El Salvador venía acumulado desde que el gobierno de Carlos Meléndez decidió suspender el pago de otro préstamos adquirido en 1908. Como veremos en la tercera y última parte de esta serie, se abordará el papel que tuvieron en la oposición al préstamos las publicaciones “Opinión estudiantil”, y “Patria”.
