Desde esta columna donde la ciencia criminológica se adentra en las sombras que persisten en nuestra sociedad, la reciente noticia de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), sobre la captura de una red dedicada al tráfico ilegal de personas, es un recordatorio crudo pero real de que, incluso en medio de los grandes avances en seguridad, hay delitos que persisten y hieren profundamente el tejido social.



Este golpe a los denominados "coyotes" no solo es un acierto operativo, sino una ventana para comprender la crueldad inherente a una actividad que deshumaniza y explota a los más vulnerables.

La investigación especializada de la FGR revela una modus operandi despiadado: cobros que ascendían a 14,000 mil dólares por persona, con pagos fraccionados que garantizaban la sumisión y el endeudamiento de las víctimas. Una parte se exigía antes de salir de El Salvador, y el complemento, al pisar suelo estadounidense. Esta mecánica no solo asegura el lucro de los traficantes, sino que ata a las víctimas a una deuda impagable, o de la cual pasará muchos meses tratando de honrar, convirtiéndolas en rehenes financieros y, a menudo, exponiéndolas a riesgos úntimamente mayores de explotación, extorsión o, incluso, a convertirse en personas que serán utilizadas para el narcotráfico en su desesperación por saldar la deuda u otros delitos como prestar sus cuentas bancarias para operaciones de lavado de dinero o cobros de extorsión o estafas.



Las capturas incluyeron a un abogado que se encargaba de elaborar los títulos de propiedad de manera ilegal cuando las víctimas no tenían con que pagar para que los llevaran. Y cuatro hombres más residentes en Concepción Batres, Usulután, Quezaltepeque, La Libertad, Jiquilisco y San Salvador en donde se desarrollaron allanamientos y las capturas, se incautó diferentes tipos de evidencias que servirán para la investigación.

Desde una perspectiva criminológica, el tráfico ilegal de personas es un delito que se nutre de la desesperación y la vulnerabilidad. Las "causas raíz" de la migración irregular (la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar, la huida de la violencia o la falta de esperanza en sus comunidades de origen) son el caldo de cultivo perfecto para estas redes criminales. Los traficantes, lejos de ser "facilitadores", son depredadores que explotan sueños y necesidades básicas, operando con una frialdad calculada que ignora la vida humana.

Este delito no es solo un acto de fraude o contrabando; es una forma de victimización continuada y estrechos vínculos y relaciones con actores del crimen organizado. Las víctimas no solo sufren el riesgo inherente del trayecto (peligros naturales, abusos por parte de otros criminales o incluso de las propias redes de tráfico), sino que cargan con una deuda que las persigue, las estigmatiza y las expone a múltiples formas de violencia en cada etapa del camino. La promesa de una vida mejor se convierte, para muchos, en una pesadilla de endeudamiento, trauma y, en los peores casos, de muerte.

La desarticulación de estas redes es fundamental. No solo se detiene a los perpetradores, sino que se envía un mensaje claro a aquellos que lucran con la dignidad humana: sus operaciones no quedarán impunes. Es crucial que la FGR y la PNC sigan fortaleciendo sus capacidades de investigación financiera para golpear las ganancias de estos criminales, y que la cooperación internacional sea constante, ya que estas redes operan transnacionalmente. El trabajo de la FGR y del señor fiscal general, fiscal adjunto, fiscales adjuntos especializados y jefaturas a nivel nacional no es solo contra las pandillas, aborda al crimen organizado y delincuencia en general en beneficio de las víctimas y de la sociedad salvadoreña.

Pero la lucha no termina con las capturas. Como sociedad, debemos reflexionar sobre las condiciones que hacen que un salvadoreño esté dispuesto a pagar $14,000 o más, ya que siguen creciendo los montos, y arriesgar su vida en manos de estas redes. La prevención del delito en el tráfico de personas implica no solo la represión de los coyotes y criminales, sino también la construcción de oportunidades légitimas y seguras, así como la concienciación sobre los riesgos reales que entraña este peligroso viaje. Solo así podremos desmantelar por completo el cruel negocio de la desesperación.

*Por Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología Experto en seguridad