El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha cometido un fraude masivo al anunciar resultados falsos para dar ganador a Nicolás Maduro, aunque, de acuerdo con las actas de escrutinio recopiladas por la oposición, que representan 83,5% del total a nivel nacional, quien resultó electo fue el opositor Edmundo González, con más del doble de votos que Maduro.



Para intentar dar legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de integrantes de movimientos sociales, asociaciones civiles y partidos afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en calidad de “observadores”, “veedores” o “acompañantes” internacionales, aunque no tenían ninguna preparación para ello.

De acuerdo con la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional, la observación electoral internacional es “la sistemática, completa y exacta reunión de información acerca de las leyes, los procesos y las instituciones relacionados con la celebración de elecciones y otros factores atinentes al entorno electoral general; el análisis imparcial y profesional de dicha información, y la extracción de conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales sobre la base de los criterios más exigentes en materia de exactitud de la información e imparcialidad del análisis”.



Sin embargo, la mayoría de los participantes del programa de “Acompañantes Electorales” organizado por el gobierno de Venezuela no tenían formación en materia de observación electoral, ni pretendían tenerla. Eran abiertamente afines al gobierno y apoyaban la reelección de Nicolás Maduro.

Gran parte de ellos viajó a Caracas para participar en el encuentro II Alternativa Social Mundial: la organización de los pueblos es un factor para la autodeterminación, organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y celebrado días antes de las elecciones.

Muchas de estas personas se mostraron activas en redes sociales antes, durante y después de la jornada electoral, asegurando que se trataba de unas elecciones que cumplían con los estándares democráticos, aunque reportes de la sociedad civil venezolana y de organizaciones como Transparencia Electoral advertían de las condiciones irregulares del proceso.

De acuerdo con la European Platform for Democratic Elections, la observación electoral falsa es “una forma de actividad política realizada por actores internacionales y dirigida a promover los intereses de los políticos y las fuerzas políticas imitando un monitoreo electoral creíble durante los procesos electorales” con el objetivo de encubrir el fraude electoral ante audiencias nacionales e internacionales, legitimar procesos electorales considerados ilegítimos por la comunidad internacional, deslegitimar y debilitar la institución de elecciones libres y justas y subvertir y/o relativizar los resultados de una observación electoral creíble.

Los falsos observadores electorales que viajaron a Venezuela usan sus redes de influencia para apoyar el fraude masivo del CNE y desconocer la voluntad de los venezolanos. Aunque la autoridad electoral no ha presentado las actas de escrutinio de las más de 30.000 mesas de votación, algo que debió ocurrir en las primeras 48 horas luego de la elección, los falsos observadores aseguran que los resultados anunciados por el CNE son verídicos y que las actas recopiladas por la oposición son falsas.

Un ejemplo es la declaración de casi 50 “veedores” españoles que viajaron a Venezuela, muchos de ellos de partidos como Sumar, Podemos y EH Bildu, en la que ratifican “el apoyo a la legitimidad, transparencia e integridad del proceso electoral venezolano organizado por el Consejo Nacional Electoral que arrojó como resultado la reelección del presidente Nicolás Maduro”, sin importar que no se hayan publicado los resultados por mesa, que se hayan suspendido las auditorías al sistema informático o que la oposición haya publicado 83% de las actas en las que queda clara la victoria de Edmundo González.

Otro caso lo encontramos en el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), una organización creada con fondos del estado venezolano en 2004 con el propósito de avalar sus elecciones. A diferencia del caso de los militantes de movimientos y partidos afines al chavismo, con el CEELA se buscó dar una apariencia técnica a la falsa observación electoral. La organización cuenta con el apoyo de exautoridades electorales de países de la región, encabezadas por Nicanor Moscoso, quien fue presidente del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador.

En el historial del CEELA está, por ejemplo, un informe avalando la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela del año 2017, en el que concluye que “el proceso electoral tendiente a la elección de los integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente 2017 de la República Bolivariana de Venezuela cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, y se llevó a cabo en forma satisfactoria”; aunque la empresa que brindaba la tecnología para el sistema automatizado de votación denunció que los resultados fueron manipulados.

En esta ocasión, el CEELA también ha cumplido con su función de legitimar elecciones irregulares o fraudulentas. En vez de exigirle al CNE la publicación de las actas con las que anunciaron los resultados, como por ejemplo hizo el Centro Carter, Nicanor Moscoso expresó que es la oposición la que debe demostrar que hubo fraude.

Otro integrante del CEELA, Eugenio Chicas, exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, consideró que “la oposición está un poco valentonada porque en realidad no han tenido una mala votación, al 80% del conteo ellos han tenido más de 4,4 millones de votos, eso es 44%, que con un candidato tan malo como el que llevaban, y una oposición dividida en la papeleta, en realidad es una votación excelente”.

Este tipo de declaración, en la que hace un análisis político e incluso descalifica al candidato opositor, deja claro que no son observadores imparciales sino agentes políticos que buscan, bajo la figura de la observación electoral, legitimar resultados fraudulentos.

La labor de los falsos observadores contribuye a la prolongación del conflicto, que ha dejado como saldo al menos 24 asesinatos y más de 1.000 detenidos (más de 100 de ellos menores de edad) y que priva al país de la posibilidad de una transición hacia la democracia.