La decisión del referido tribunal se dio en la audiencia de aportación de pruebas que finalizó hasta horas de la tarde.
ANUNCIO
“El tribunal ha hecho un análisis de admisibilidad sobre toda la prueba ofertada por todas las partes, tanto la parte acusadora como parte defensora y pues ha determinado algunos medios de prueba que han ofertado la parte acusadora no son admisibles y por otro lado, la prueba que la defensa ha solicitado la ha declarado inadmisible”, informó el abogado de Salgado, Luis Felipe Sánchez.
El abogado defensor señaló que esperan a ser notificados de manera formal el escrito de la resolución emitida por el tribunal y están a la espera que dicten fecha para la realización de la vista pública.
Sin embargo, Sánchez manifestó que en los próximos días apelarán la decisión del tribunal con respecto a dos pruebas que no fueron aceptadas, que consideran “relevantes”, para ejercer la defensa del exalcalde de San Miguel.
El tribunal que lleva el caso notificó el pasado 14 de octubre al exalcalde de San Miguel sobre la demanda de difamación en su contra.
La demanda interpuesta fue por $3 millones, monto que Salgado declaró anteriormente que no tenía problema con pagar si perdía el caso. El pasado 28 de octubre se buscó llegar a un acuerdo, sin embargo, no hubo conciliación entre las partes.
En septiembre de este año, los abogados de la Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (ITEXSAL) presentaron una demanda en contra del exalcalde Will Salgado, por el delito de difamación, por emitir presuntas declaraciones que ponen en duda el uso de los fondos estatales que recibe la fundación.
Según los abogados, Salgado afirmó que el dinero es utilizado para fines políticos, y en su pretensión pide que sea condenado y que pague $3 millones en concepto de daños y perjuicios.
Durante la presentación de la demanda, padres de familia y jóvenes se aglutinaron a las afueras del Centro Judicial “Isidro Menendez”, de San Salvador, en apoyo a la asociación, quienes aseguraron que son beneficiarios de becas que son pagadas por los fondos que recibe la institución del Estado.
