La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó el viernes la captura de tres hombres señalados de haber falsificado documentos con los que adquirieron de manera fraudulenta un inmueble que estaba bajo administración estatal.



Los detenidos fueron identificados como Heli Heriberto Depaz Gonzu00e1lez, Marvin Abraham Depaz Gonzu00e1lez y Salvador Mauricio Rodríguez Montoya. Los delitos que se les imputan son falsedad ideológica, usurpación de inmuebles, estafa y lavado de dinero y activos.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los acusados usaron documentación falsa para apropiarse de una propiedad registrada a nombre del Estado. Posteriormente, simularon transacciones para transferir el inmueble a la sociedad Euro Rent Cars S.A. de C.V., con la que gestionaron préstamos hipotecarios por montos superiores a los $300,000, usando el bien como garantía.



Tras las capturas, se efectuaron allanamientos en las viviendas de los imputados y en las instalaciones de la sociedad vinculada, donde se incautaron computadoras, teléfonos y documentos con información relevante para el caso.

La Fiscalía confirmó que, pese a haber sido vencidos en juicio civil y ordenarse la restitución del inmueble al Estado, los implicados continuaron utilizando la propiedad de forma irregular, incurriendo en usurpación.

Otros procesos penales

En un hecho aparte, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó que pase a juicio el caso contra Carlos Ernesto E. M., de 43 años, acusado de estafa agravada por un perjuicio económico de $25,241.

Según el expediente, el imputado utilizó una identidad falsa en redes sociales para establecer una relación con la víctima. Durante varios meses, logró convencerla de adquirir electrodomésticos, un celular de alta gama y otros bienes a su nombre, además de motivarla a tomar un préstamo por más de $13,000 y vender un vehículo por $3,600. La promesa de compartir una vivienda resultó ser falsa, y el acusado se negó a devolver los bienes.

El tribunal admitió la acusación de la FGR y ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio.

Asimismo, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 15 años de cárcel a Adán Francisco Martínez Mejía por el delito de extorsión. Según la Fiscalía, el sujeto amenazó de muerte a su víctima si no entregaba una suma mensual de dinero. La acusación fue respaldada con pruebas suficientes para lograr una sentencia condenatoria. El condenado cumplirá su pena en un centro penitenciario del país.