Dicha información se reveló este viernes en la audiencia inicial ante el Juzgado Séptimo de San Salvador, donde se procesó a 12 empresarios del transporte colectivo y él fue sobreseído.
Ernesto García, abogado de Menjívar Vásquez, explicó que su representado nunca tuvo un contrato de concesión, por lo que no tiene un vínculo contractual con el Estado para brindar un servicio de transporte.
“Solo hay dos formas que una persona puede brindar servicio de transporte público, sea por mediante la formalización con el VMT (Viceministerio de Transporte) de un contrato de concesión y la otra es mediante una autorización provisional para que la ruta circule mientras satisface ciertos requisitos, el asunto es que mi cliente no es ni uno, ni lo otro”. Ernesto Garcia, Defensor de Menjívar.
La resolución a su favor fue a petición de la Fiscalía, debido a que se corroboró que la ruta por la que se le señaló dirigir no operaba desde hace tiempo, por ende la representación no acusó a Menjivar y solo pidió el sobreseimiento definitivo.
Menjívar Vásquez fue detenido el 8 de mayo y permaneció 15 días en prisión preventiva en la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el pasado lunes cuando la Fiscalía pidió medidas cautelares para los 12 imputados, quienes seguirán en el proceso de investigación en libertad.
"Ellos (Fiscalía) mismos reconocen que ya no estaba esta ruta, ya no estaba operando y por esa razón ha solicitado el sobreseimiento en este caso", expresó el abogado Carlos Meléndez, defensor de otro de los transportistas procesados.
La detención de Menjívar Vásquez fue publicada en la cuenta de X de la Policía Nacional Civil, el mismo día de su captura, no obstante, fue borrada minutos después. Diario El Mundo guarda una captura de pantalla de dicha publicación.
El presidente Nayib Bukele ordenó que del 5 al 11 de mayo el servicio de transporte colectivo debía ser gratis, como una medida de apoyo por el cierre de la carretera Panamericana en el tramo de Los Chorros, la cual pasó dos semanas cerradas.
Bukele dijo que el Estado destinó $12 millones para cubrir el pago a los transportistas por el servicio gratuito. En el caso están implicados Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS); José Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín; José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Nelson David Moreno, de la ruta 79; Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa y Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate.
Así como Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa; Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango; José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango; Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión; Nelson Saúl Villalta Platero, de la ruta 29 Acopac, de Ilopango y Julio Ovestes Mirón Escobar, empresario de las rutas 47 y 48.
En total, capturaron a 14 empresarios de transporte colectivo, luego que el mandatario ordenó a la PNC capturar a aquellos que se negarán a brindar el servicio de transporte gratuito, sin embargo, Roberto Jaco, encargado de las rutas 201 y 50, del occidente del país, murió el 12 de mayo, cinco días después de su captura. En la audiencia la jueza decretó sobreseimiento definitivo.
