Organizaciones sociales, sindicales y comunitarias marcharon este domingo por las principales calles de San Salvador para conmemorar el 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, al tiempo que exigieron el cese de más de tres años del régimen de excepción, así como el respeto al debido proceso para las personas detenidas bajo dicha medida que aseguran afecta institucionalidad democrática.
Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, indicó que la conmemoración busca recordar los principios fundamentales de los acuerdos, como la protección de los derechos humanos y la creación de instituciones al servicio de la población. Sin embargo, aseveró que actualmente estas instituciones se encuentran «debilitadas».
«Hoy a 34 años de esa firma de los Acuerdos de Paz, estamos enfrentando una profunda crisis de retrocesos democráticos en nuestro país en donde las instituciones que fueron creadas bajo la firma de los Acuerdos de Paz ahora están coartadas por el Ejecutivo, en donde estamos enfrentando un debilitamiento a las diferentes instituciones judiciales, un debilitamiento a aquellas instituciones que fueron creadas como la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil que fue creada para cuidar a las personas ahora estamos enfrentando una persecución», expresó Urrutia.
La dirigente social denunció que a casi cuatro años de la aplicación del régimen de excepción existen persecuciones contra sindicatos y organizaciones de derechos humanos, donde personas han sido arrestadas sin garantías legales dentro de la medida de excepción, por lo afirmó es importante recordar la firma de los Acuerdos de Paz, ocurrido el 16 de enero de 1992.
«No puede haber paz sino reivindicamos esas luchas históricas que se conquistaron como pueblo salvadoreño, no puede haber paz con dignidad sino se respetan los derechos humanos, en el cual como movimiento social exigimos el cese del régimen de excepción que tanto daño ha hecho a las familias más pobres del país». Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) planteó que el país enfrenta un proceso de desmantelamiento de los logros alcanzados tras los Acuerdos de Paz. Según el representante Samuel Ramírez, el régimen de excepción ha ocupado prácticamente todas las instituciones del Estado, debilitando la labor principal de la Procuraduría de Derechos Humanos y otros organismos encargados de garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos de los salvadoreños.
«Estamos ahora en un régimen de excepción que ha ocupado todas las instituciones de gobierno, tenemos una Procuraduría que es una vergüenza que no vela con derechos humanos. Estamos en un régimen de excepción con más 90,000 personas capturadas en un porcentaje alto que son inocentes», manifestó Ramírez.
Durante la marcha, participantes expresaron sus exigencias, entre ellas la liberación del abogado Enrique Anaya y la jefa de Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, quienes desde mediados del año 2025 fueron detenidos por presuntos actos delictivos.
«La libertad de Enrique (Anaya) la queremos ya; es una persona defensora de nuestros derechos, como vamos a quedar callados ante una injusticia como esta y como Ruth (López) y los demás compañeros que son maltratados y son hechos prisioneros por decir la verdad, esa es una injusticia muy grande», dijo una persona participante de la marcha.
Otro de los puntos que los manifestantes exigieron es la derogación de la Ley de la Minería Metálica, ya que advirtiendo que su aplicación afectaría gravemente al Bosque El Espino, una zona de alta importancia ambiental y ecológica.
Al mismo tiempo, representantes de alrededor 40 comunidades afirmaron que los Acuerdos de Paz son fundamentales para garantizar la memoria histórica y los derechos de quienes sufrieron represión y exilio durante el conflicto armado. Sin embargo, advirtieron que la democracia derivada de los acuerdos no ha sido suficiente para resolver los «problemas estructurales del país».
«El hecho de que la democracia liberal representativa derivada de los acuerdos de paz haya resultado insuficiente para resolver problemas estructurales del país no significa la instalación de democracia totalitaria que es una dictadura. Por ello, proponemos una democracia participativa donde la población puede decidir directamente en los aspectos que afectan su vida», dijo una de las voceras.
La marcha inicio desde el Parque Cuscatlán rumbo al Centro Histórico de San Salvador, en la cual caminaron con pancartas en mano para recordar la importancia de mantener viva la memoria de la firma de los Acuerdos de Paz y la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos. La guerra civil en El Salvador fue de 1980 a 1992 y dejó unas 75,000 personas fallecidas, unos 8,000 desaparecidos y cientos de masacres.
