condenaron la detención del abogado constitucionalista, Salvador Enrique Anaya,
quien este sábado fue aprehendido por la Policía Nacional Civil bajo cargos de lavado de dinero, según la Fiscalía General salvadoreña.
“La detención del abogado Enrique Anaya, crítico jurídico del rumbo institucional del país, marca un precedente delicado. No es político ni activista: es un jurista independiente que ha señalado con fundamentos legales decisiones cuestionables”, publicó la diputada del partido Arena, Marcela Villatoro.
La diputada reprochó el proceso que se implementó para su captura, “sin claridad”, pidió que el caso se maneje con transparencia y aprovechó para aseverar que la crítica jurídica no es delito.
“Capturarlo en su residencial, sin claridad pública de los hechos, genera inquietud. Más aún cuando semanas antes había señalado irregularidades en otro proceso sensible. Espero que el caso se maneje con absoluta transparencia y sin instrumentalizar la ley. La crítica jurídica no puede convertirse en delito”.
Marcela Villatoro,
Diputada de Arena.
Su colega, el diputadode Arena, Francisco Lira, expresó su preocupación y alarma ante la detención de Anaya y pide se respete su integridad. “Con preocupación y alarma observo una nueva captura impulsada por este gobierno. Lamento la detención del abogado. Se debe respetar su integridad y garantizarle un juicio justo, transparente y con todas las garantías judiciales”, expresó Lira.
Además cuestionó que el gobierno utiliza las instancias de justicia como instrumentos contra voces opositoras.
Anoche, el defensor de Anaya, el abogado Jaime Quintanilla dijo a periodistas que su defendido
"es una persona fiscalmente solvente" y que espera que la Policía Nacional Civil le entregue los medicamentos que necesita.
En 2023, antes de las elecciones presidenciales, Anaya fue uno de los abogados que presentaron un
escrito al Tribunal Supremo Electoral, donde pidieron que se denegara la inscripción de Nayib Bukele como candidato a presidente, porque esto contravenía seis artículos de la Constitución.
Comunidad y organizaciones también denuncian
La Comunidad Santa Marta también se unió a condenar la captura del abogado: “La Fiscalía y la Policía del régimen inconstitucional de Nayib Bukele ejecuta la captura del abogado constitucionalista Enrique Anaya por el presunto delito de lavado de dinero y activos, una de las voces más críticas de su mal gobierno.”
La captura de Anaya ocurrió 20 días después de la captura de Ruth López, abogada, jefa anticorrupción de la asociación Cristosal, y voz critica de las acciones de este gobierno, a quien la Fiscalía primero la detuvo por peculado (quedarse con bienes del Estado), y luego la acusó por enriquecimiento ilícito.
La Comunidad Santa Marta citó algunas publicaciones de Anaya en redes sociales: "Fiscalía es una fábrica de tamales", así lo había dicho recientemente el abogado pues el que "hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso".
"Sus palabras son el augurio de su captura este 7 de junio de 2025”, señaló la comunidad.
También la directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, expresó su solidaridad con la familia de Anaya y advirtió que como defensores de derechos humanos no se detendrán.
“Mi solidaridad con la familia del prominente abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien ha sido detenido este día, por órdenes de Bukele dictador. Por mas que pretendan llenar de terror a quienes denuncian al régimen, seguiremos denunciando la injusticia, la corrupción.”
Ingrid Escobar,
Directora del Socorro Jurídico Humanitario.
A estas condenas también se unió el Comité de Familiares de Personas Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes). "El Salvador ha entrado a una etapa peligrosa, donde se encarcelan las voces disidentes, a las personas defensoras de derechos humanos, se castiga a las oenegés a través de exigirles un alto porcentaje de las donaciones que reciben para proyectos en las comunidades en bajos recursos; se persigue a la prensa independiente."
La organización Cristosal aseveró que la detención del abogado Constitucionalista, ocurre en una "creciente criminalización" en El Salvador e insta al Estado a actuar con apego a la Constitución y tratados internacionales.
