“El informe trata sobre criminalización contra ambientalistas y que trata el caso de los cinco ambientalistas y el de Silverio Morales, líder indígena”, dijo Alfredo Leiva, de la Mesa Nacional Frente a la Minería.
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Leiva dijo que uno de los temores que tienen es que para frenar el trabajo que hacen, se “orquesten otros casos criminalizando a ambientalistas”.
“El temor es que se dé más persecución y es necesario decir que ha habido hechos que el hostigamiento continúa, incluso hay rumores de generar un nuevo caso, ya no de la guerra, sino que posterior, para poder criminalizar a otra gente o a varias personas de Santa Marta, son rumores, pero tenemos el temor que se pueda orquestar otro caso y se pueda perseguir a más gente de Santa Marta”, explicó el ambientalista.
Lo anterior fue señalado días antes a que un tribunal de sentencia conozca el caso de Santa Marta, donde al menos cinco comunitarios han sido acusados del asesinato de una mujer en 1989 en la referida localidad, cuando los procesados eran parte de la Resistencia Nacional, una organización que conformó el FMLN. La comunidad ha externado que no existen pruebas en el caso y que la captura se debe a su lucha antiminera en el país.
Según el informe, que fue explicado por Gabriela Solórzano técnica de la Mesa, parte de los hallazgos en los casos presentados, se desarrolla una estructura con rasgos comunes que pueden categorizarse en etapas; en ese sentido, se considera que comprender la criminalización pasa por establecer que aparte del proceso concreto de la judicialización, existen etapas previas y posteriores que componen este proceso de limitación de la defensa ambiental y que además se ve atravesado por los impactos psicoemocionales en las personas criminalizadas y en las redes del cuidado.
Otro de los puntos que subraya el informe es el régimen de excepción “que representa desde el 2021 uno de los mayores riesgos de criminalización, este se vuelve una herramienta para limitar voces opositoras, ya que las garantías constitucionales se han limitado a su máximo nivel”.
Aparte del caso de los ambientalistas, está el caso de Levi Morales, hijo del líder indígena, Silverio Morales, quien fue capturado en noviembre de 2022, bajo el régimen de excepción y fue liberado en mayo de 2024.
“En ambos casos se dieron procesos previos de hostigamiento, expresados para el caso de los defensores de Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) en la supuesta investigación sobre las masacres realizada por la Fiscalía, en este proceso, se expresó que la comunidad permaneció en un asedio constante”, dice el informe.
En el caso de los cinco ambientalistas de Santa Marta acusados de estar involucrados en un crimen de una mujer durante la guerra civil, enfrentarán la vista pública los días 8, 9 y 10 de octubre.
En la presentación del informe estuvieron presentes el lider indígena Silverio Morales, la lideresa de Santa Marta, Lila Alvarenga; también Miriam Alas, del Comité de Comunidades Repobladas, de Chalatenango, y Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería.
Frente a cualquier escenario, el proceso puede alargarse, tema el ambientalista, ya que si el fallo es desfavorable la defensa apelará, y si es favorable, temen que la Fiscalía también apele.
