El exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, fue condenado a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación en el caso denominado Rais-Martínez.
En la lectura del fallo, el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador determinó que el exfiscal facilitó información, permitió falsificar las pruebas en procesos judiciales en beneficio de Enrique Rais y Hugo Blanco Rais, y que a su vez ignoró sobre actos de corrupción que se cometieron en el Ministerio Público Fiscal durante su gestión en la institución.
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Uno de los casos fue en el año 2014, en contra de una mujer identificada como Claudia Herrera, quien fue acusada del delito de amenazas por el empresario Enrique Rais, uno de los hombres con quien el exfiscal mantuvo una frecuente comunicación mientras se desarrollaba el proceso judicial en contra de la supuesta agresora.
"Aprovechó de su posición como fiscal general para la utilización de los aparatos de poder para beneficiar a terceros en procesos judiciales",
Juez del Tribunal Tercero de Sentencia sobre el exfiscal Martínez.
Las pruebas vertidas en el juicio determinaron que a través de intervenciones telefónicas, se identificaron varios mensajes y llamadas entre Martínez y el empresario Rais, donde se mencionaban detalles sobre el proceso que enfrentaba la mujer por el supuesto delito de amenazas.
Según la resolución, los informes psicológicos que supuestamente demostraban las afectaciones de Enrique y Hugo Blanco Rais fueron fabricados sin ellos presentes, debido a que nunca se presentaron al Instituto de Medicina Legal (IML), donde debían ser realizados, sino que estos fueron hechos con indicaciones de cómo debían ser respondidos.
Asimismo, se manipuló un segundo caso de violencia intrafamiliar en contra de un hombre identificado como Balmore García, en donde también se crearon peritajes falsos que beneficiaban a la pareja de la víctima. Un trabajador de Fiscalía de nombre clave "Troya" confesó durante el juicio que recibió $1,500 y $250 por su participación en estos peritajes.
En las intervenciones de los peritajes se demostró que participaron el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza González y el abogado Hector Franciso Grimaldi, según declaró el juez al momento de dar a conocer el fallo verbal. Ambos fueron condenados en el juicio a 5 y 6 años de cárcel respectivamente por el delito de fraude procesal.
Omisión de investigación
Con respecto al delito de omisión de la investigación, el juez del Tribunal consideró que el exfiscal ignoró sobre delitos vinculados a corrupción cometidos por exfuncionarios y no iniciar los procesos de investigación en contra de un juez y abogados con actos de corrupción, entre otros.
En las pruebas y declaraciones de testigos ofertados por Fiscalía, se conocieron de escuchas telefónicas en las que surgieron nombres de exfuncionarios, entre ellos el exjuez Romeo Aurora Giammattei, la exalcaldesa de San Rafael Cedros, Dina Arévalo y el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano.
El exfiscal ignoró diferentes llamados del director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para poder procesar al exjuez Noveno de Paz de San Salvador, Giammattei, quien mantenía llamadas con el empresario Rais en el caso de la víctima Claudia Herrera.
En ese sentido, el juez concluyó que el exfiscal no busco detener delitos de corrupción de los que conoció y fue notificado, ni de iniciar los procesos de investigación en contra de Giammattei y abogados, debido a que la Fiscalía ya rastreaba llamadas entre el exjuez Giammattei y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala.
"Sabe su deber, sabe que si no lo puede cumplir como titular, lo puede delegar y no lo hizo porque no hay evidencia que lo compruebe".
Juez del Tribunal Tercero de Sentencia.
La intervención telefónica inició en el año 2014 por otro caso, en el que rastreaban llamadas para investigar una supuesta conspiración de asesinato en contra de Luis Martínez. Sin embargo, estas escuchas no arrojaron ningún resultado relacionado con el delito que se investigaba.
Por los hechos del caso Rais-Martínez, el exfiscal general fue condenado como autor directo del delito de fraude procesal a 5 años de cárcel y 5 más por el delito de omisión de investigación, sumando un total de 10 años de cárcel. En un inicio la Fiscalía había solicitado la pena máxima de 15 años en total.
En diciembre de 2018, el exfiscal general fue condenado a 5 años de prisión por divulgar conversaciones privadas del sacerdote Antonio Rodríguez, mejor conocido como “Padre Toño”.
Posteriormente, en diciembre de 2024, el exfiscal Luis Martínez fue condenado civilmente por la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, por el delito de enriquecimiento ilícito de $71,736.62.
Antecedentes judiciales
Este caso inició el 22 de agosto de 2016, cuando la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República capturaron al empresario Enrique Rais, a Julio Arriaza y al exfiscal Luis Martínez, tras un citatorio en la sede fiscal. En total detuvieron a ocho personas y tres estaban en calidad de ausentes.
Días más tarde, la Fiscalía los acusó de fabricar pruebas en los casos donde Claudia María Herrera y Mario Calderón aparecían como imputados.
Como pruebas, al inicio, la Fiscalía presentó escuchas telefónicas donde se evidenciaba la planificación que se hizo para hundir a Herrera, además de documentación que vincula a los procesados en este caso.
Algunos casos en los que se creó prueba son un proceso de lavado de dinero que se judicializó en el extinto Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, en el año 2015, cuando la Fiscalía acusó a Herrera y a Calderón de lavar $10 millones.
Otro caso fraguado con pruebas falsas fue el de amenazas donde la acusación fiscal decía que Herrera y su equipo de seguridad había interceptado a Rais y le habían apuntado con armas de fuego.
Mario Calderón fue el apoderado de Enrique Raís y luego de ser despedido por el empresario fue el abogado de los canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale. Los canadienses tuvieron problemas legales con el empresario Rais, en una disputa por quedarse con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides S.E.M. de C.V.).
Cuando el caso bautizado como Rais-Martínez inició, fueron imputados 11 personas, los tres ahora condenados incluídos, pero además:
- Enrique Aquiles Rais López
- Hugo Blanco Rais (sobrino de Enrique Rais)
- Wilfredo Ernesto Gutiérrez
- Luis Peña (Murió durante el proceso)
- Romeo Aurora Giammattei (Exjuez noveno de paz, que fue condenado en 2021)
- Mauricio Antonio Álvarez (juez suplente de Aurora Giammattei)
- Néstor Recinos
- Hilda Guadalupe Trigueros
