La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este día concluyó la vista pública, la cual se desarrolló durante cinco días, que inició el 8 de octubre.
ANUNCIO
Durante los primeros tres días los fiscales y la defensa presentaron sus respectivas pruebas, documentos y testimonios que refuerzan sus argumentos.
Mientras que el lunes y este martes se realizó la presentación de los alegatos finales de ambas partes.
La defensa enfatiza que la Fiscalía no ha presentado las pruebas que incriminan a los procesados en el homicidio.
“Hoy tocó turno de hacer la réplica por parte de la defensa y consideramos nosotros que se hizo una argumentación bastante sólida basada en evidencias, pruebas que desmontan la hipótesis de la Fiscalía”.
Pedro Cruz,
Abogado defensor.
La Fiscalía solicitó ante el Tribunal una pena de 36 años de prisión, por los delitos de homicidio, privación de libertad y asociaciones ilícitas.
El caso
La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta espera que el juicio cierre con un resultado positivo para los acusados, ya que recalcan que los líderes comunitarios son inocentes.“En el juicio ha quedado demostrado la inocencia plena de nuestros compañeros a quienes la Fiscalía no pudo probar ninguna actuación delictiva”.
Alfredo Leiva, uno de los miembros de la asociación.
ADES Santa Marta hizo acto de presencia a las afueras del tribunal durante los días de juicio para mostrar su apoyo a los acusados.
Y también denunciaron los maltratos de parte de los agentes policiales al momento del traslado de los acusados, especialmente hacia Antonio Pacheco, quien en lugar de ser trasladado a su casa inmediatamente, fue llevado a una delegación de Soyapango, incumpliendo la medida del arresto domiciliario.
La Comunidad de Santa Marta ha dicho que la acusación tiene un trasfondo que busca reactivar la minería metálica en El Salvador.
La Fisclía acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio por el asesinato de María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, quien habría sido sacada de su casa y torturada antes de su muerte en un campamento guerrillero.
