Un grupo de 252 migrantes venezolanos que fueron enviados por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, denunció haber sido víctima de torturas y abusos sistemáticos durante su reclusión. Así lo reveló este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado en Washington.
El documento, elaborado en colaboración con la organización Cristosal —con sede en Guatemala—, recopila testimonios de más de un centenar de familiares y alrededor de cincuenta expresos, quienes describen condiciones inhumanas en el penal de máxima seguridad construido bajo la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
“Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, por hablar en voz alta, por cualquier cosa. Esto nos llevó a concluir que no eran casos aislados, sino un patrón sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, durante la presentación del informe titulado Llegaron al infierno.
Los migrantes fueron trasladados al Cecot entre marzo y abril, tras ser acusados de terrorismo por el Gobierno estadounidense. Posteriormente, el 18 de julio, fueron repatriados a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.
HRW documentó, además, al menos tres casos de violencia sexual perpetrada por custodios, así como agresiones verbales y psicológicas graves. “No tenían acceso adecuado a agua potable, la comida era escasa, y la atención médica era prácticamente inexistente. El agua que usaban para beber y cocinar era amarilla y a veces caliente”, detalló Goebertus.
El informe también alerta sobre el impacto psicológico de las condiciones de encierro. Cuatro de los entrevistados confesaron haber tenido pensamientos suicidas y uno de ellos intentó quitarse la vida mientras permanecía en la cárcel.
La organización responsabiliza tanto a Estados Unidos como a El Salvador por lo que califican como una “desaparición forzada”, un delito internacional.
“Estas personas no eran terroristas. Son hombres que huían de la violencia de las bandas y la represión en Venezuela, y terminaron encarcelados injustamente”.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
HRW sostiene que la expulsión de los migrantes constituyó una violación a los derechos humanos y una complicidad directa entre ambas naciones. “Habrá un momento en el que deberá investigarse y responsabilizar a los autores de estos actos. Nosotros y otras organizaciones ya estamos recopilando pruebas”, advirtió Goebertus.
La organización pidió a la comunidad internacional alzar la voz y denunciar los abusos cometidos dentro del Cecot, una prisión que ha sido señalada por su severo régimen desde su inauguración como emblema de la política de seguridad del presidente Bukele.
