Dicha información fue revelada en la audiencia inicial realizada por el Juzgado Séptimo de San Salvador, donde el pasado viernes se procesó a 12 empresarios del transporte colectivo, quienes seguirán en el proceso de investigación en libertad.
En el caso, la Fiscalía General de la República acusó de incumplimiento de deberes a Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS); José Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín; José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Nelson David Moreno, de la ruta 79; Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa y Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate,
Así como Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa; Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango; José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango; Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión; Nelson Saúl Villalta Platero, de la ruta 29 Acopac, de Ilopango y Julio Ovestes Mirón Escobar, empresario de las rutas 47 y 48.
A estos últimos seis se les agregó el delito de peculado, el cual fue señalado por el presidente Nayib Bukele luego de que el gobierno desembolsará $12 millones para el pago del servicio del transporte.
La jueza indicó en la resolución de la audiencia que la Fiscalía logró comprobar que el Gobierno depositó un total de $245,169.02 a los seis empresarios del transporte colectivo acusados de apropiación de fondos del Estado.
Según detalló, a Ángel Monroy Cabrera se le depositó la cantidad de $32,134.20; a Rutilio Guardado Ferrer $51,859.57; José Roberto Cuéllar Parada el monto de $65,875.77. Mientras que al empresario Nelson Saúl Villalta Platero la cantidad de $54,662.79; a Wuilliam Ricardo Flores $16,819.32 y para Julio Ovestes Mirón el monto de $23,817.37.
La juzgadora añadió que los desembolsos se efectuaron entre el 6 y 8 de mayo, cuando ya estaba en vigencia la orden de brindar el servicio de transporte colectivo gratis, del 5 al 11 del mismo mes, como una medida de apoyo por el cierre del tramo de Los Chorros.
Sin embargo, enfatizó que por el momento solo se cuenta con la confirmación de los desembolsos en las cuentas bancarias, por lo que no será hasta que termine el plazo de investigación que la Fiscalía deberá demostrar el supuesto cometimiento del delito en una audiencia ante un Juzgado de Instrucción, donde se decidirá si los acusados son enviados a juicio o son absueltos.
El Código Penal de El Salvador establece en el artículo 325 que “el funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho será sancionado”. La pena por dicho delito oscila entre los 6 y 15 años de cárcel.
La Fiscalía presentó el pasado lunes la acusación formal en contra de 12 transportistas por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado, luego que el presidente salvadoreño ordenara a la Policía Nacional Civil (PNC) detener a aquellos que no habían brindado transporte en medio de una crisis por el cierre de la carretera Los Chorros.
La detención en flagrancia se realizó porque los días 5, 6 y 7 de mayo estos empresarios no prestaron el servicio de forma regular, siendo un servicio público y subsidiado, dijo al momento de la presentación del requerimiento la representación fiscal.
En la audiencia del viernes se dio el sobreseimiento a Roberto Jaco, empresario de las rutas 201 y 50, del occidente del país, quien murió el 12 de mayo, cinco días después de su captura. Así como a José Modesto Menjívar Vásquez, luego que se demostrará que no tenía rutas de autobuses activas cuando se ordenó la gratuidad. Menjivar Vásquez pasó 15 días en prisión preventiva en la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil.,
¿Qué ocurrió?
El domingo 4 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez pospuso en una conferencia de prensa la reapertura de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros para el día 11 del mismo mes, la cual prevista para el día 5, debido al colapso de un talud el 29 de abril de 2025, dejando inhabilitada la vía.
Ante ello, el presidente Bukele ordenó que del 5 al 11 de mayo el servicio de transporte colectivo debía ser gratis, como una medida de apoyo por el cierre del tramo de Los Chorros.
Posteriormente, el mandatario también ordenó a la PNC capturar a los transportistas que se negarán a brindar el servicio de transporte gratuito y que el Estado destinó $12 millones para cubrir el servicio.
Desde el cierre de Los Chorros, el 29 de abril del presente año, el Área Metropolitana de San Salvador sufrió de severas complicaciones viales, además de saturación de usuarios del transporte colectivo en diferentes paradas de autobuses del país.
