La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla que la ex viceministra de Comercio e Industria, Blanca Imelda Jaco de Magaña y su grupo familiar paguen la condena de enriquecimiento ilícito de más de $129,000 al Estado salvadoreño, a través de cuentas de ahorro y bienes, luego de no haber pagado de forma voluntaria.

“Como fiscales de la Unidad de Delitos contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República estamos presentando las diligencias de ejecución forzosa de la sentencia que dictó la Cámara Ambiental en su oportunidad en el proceso de enriquecimiento ilícito”, dijo el fiscal del caso a través de un video compartido por la Fiscalía en su cuenta de X.
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Jaco de Magaña fungió en el cargo de viceministra de Comercio e Industria durante el periodo de junio de 2004 a mayo del 2009, durante la presidencia de Antonio Saca y fue condenada civilmente por el delito de enriquecimiento ilícito en abril del 2023, luego de se demostrarán cinco irregularidades en el incremento de su patrimonio por un monto de $90,281.09.

Dichas irregularidades están reflejadas en distintos depósitos bancarios, compras de vehículos y pagos de tarjetas de crédito, afirmó la FGR.

Además, indicó que a su cónyuge Álvaro Alfredo Magaña Granados también se le atribuyeron cinco irregularidades, por un monto total de $36,116.39.

Su hija Mónica Alexandra Martínez Jaco, también presentó 2 irregularidades en depósitos bancarios y pago de préstamos bancarios por una suma de $3,100. Con ello, suman $129,497.48 que exigen de reintegro al Estado.

“En virtud de que la demandada en su oportunidad no pudo pagar esta cantidad voluntariamente, es por esa razón que se presenta las diligencias de ejecución forzosa a través de hacerla efectiva mediante lo que corresponde a las medidas cautelares que ya teníamos anticipadamente que son las cuentas de ahorro, bienes muebles e inmuebles”.
Fiscal del caso.


La Fiscalía asegura que la entidad se mantiene firme en su posición de lograr el reintegro obligatorio, a través de los bienes que se encuentran cautelados como cuentas de ahorro, bienes muebles e inmuebles.
La exfuncionaria y su grupo familiar nunca han hablado públicamente sobre este caso y se desconoce las pruebas de descargo que presentaron en el proceso civil.