Este lunes, se desarrolló el cuarto día del juicio, donde la Fiscalía presentó los alegatos finales, donde sostienen que los imputados cometieron el crimen.
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“Es el momento oportuno para solicitar la pena de carácter condenatoria dentro del aspecto penal y civil en contra de esas personas”, aseguró el fiscal del caso, a través de un video de X.
La Fiscalía solicita penas máximas por los delitos de homicidio, privación de libertad y asociaciones ilícitas.
“Venimos hablando que si en el caso del Código penal de 1973 el delito de asesinato contemplaba una pena de 20 - 30, estaríamos solicitando una pena máxima que son 30 años, en el caso de privación de libertad se solicitaría, también, la pena máxima que en este caso corresponde a tres años y de igual manera en el delito de asociaciones ilícitas, tres años, haciendo un total de 36 años”.
Fiscal.
La Fiscalía agregó que en la audiencia se planteó que un delito de mayor peso desestime a otro, a lo que respondió: “Resulta que en la audiencia preeliminar como esta audiencia de vista publica, los tribunales han decidido subsumir el delito de privación de libertad y el delito de asesinato, no obstante, nosotros nos vamos a pronunciar porque en perjuicio nuestro consideramos que es un delito independiente”, agregó.
Los fiscales aseguraron que ya presentaron las pruebas, documentales, periciales y testimoniales, “el cual la representación fiscal va a fundamentar sus pretensiones a través de los alegatos finales”.
La audiencia inició el pasado martes 8 de octubre y se mantuvo por tres días, donde se realizó la presentación de documentos y testimonios de la Fiscalía y defensa. Se prevé que mañana, el tribunal emita el fallo.
La defensa
Por su parte, la defensa de los acusados ha sostenido en reiteradas ocasiones que deben ser absueltos. Según la defensa, la Fiscalía no ha presentado las pruebas que incriminen a los procesados en el homicidio.La Comunidad Santa Marta ha dicho que la acusación tiene un trasfondo que busca reactivar la minería metálica en El Salvador, un tema que fue promovido por la población de ese lugar hasta lograr la prohibición en la Asamblea Legislativa.
"La falta de pruebas, la eventual reactivación minera y el rol de nuestros líderes en resistencia comunitaria contra el extractivismo, indica que este caso -es en realidad- una manipulación del sistema penal para perseguir al activismo ambiental y una instrumentalización de la justicia transicional para criminalizar a quienes advierten sobre los peligros de los proyectos mineros", dice un comunicado publicado en las redes sociales de ADES de Santa Marta.
ADES Santa Marta también ha denunciado en los últimos días maltratos de parte de los agentes policiales al momento del traslado de los acusados, especialmente hacia Antonio Pacheco, quien en lugar de ser trasladado a su casa inmediatamente, fue llevado a una delegación de Soyapango, incumpliendo la medida del arresto domiciliario.
La Fisclía acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio por el asesinato de María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, quien habría sido sacada de su casa y torturada antes de su muerte en un campamento guerrillero.
