El ente fiscal presentó este jueves los alegatos finales en el juicio, donde afirmaron que el exministro Ramírez y 18 personas más cometieron el delito de desvío de fondos desde las tiendas penitenciarias.
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Los fiscales del caso solicitaron cuatro años por el delito de actos arbitrarios y 12 por peculado para Ramírez. Además, un pago de $60,061.63 en concepto de responsabilidad civil.
Para el exviceministro de Seguridad, Raúl Antonio López, la Fiscalía pidió una condena de cuatro años por el delito de actos arbitrarios y el pago de $60,061.63 en concepto de responsabilidad civil.
Asimismo, los fiscales pidieron 19 años de cárcel para Orlando Elías Molina Ríos, exsubdirector general de Centros Penales, de los cuales, cuatro por el delito de actos arbitrarios y 15, por peculado, además del pago de $60,061.63.
Para el exinspector de Centros Penales, Ramón Roque Mártir, pidieron cuatro años y una responsabilidad civil de $495.
En el caso de los imputados, Marco Tulio Lima, José Roberto Cativo Melara, Luis Barrera Peñate, solicitaron cuatro años de prisión por actos arbitrarios y el pago de $60,061.63 en responsabilidad civil.
Para Flor de María Hernández Alfaro, exempleada de la dirección general de Centros Penales enfrentaría una sentencia de 19 años de prisión por los delitos de actos arbitrarios y peculado, y el pago de $60,061.63 por responsabilidad civil, en caso de ser condenada y admitir la solicitud de los fiscales.
Por su parte, José Luis Hércules Ávalos enfrentaría 11 años de cárcel, ocho por el delito de falsedad documental y tres por cohecho propio, si los jueces acceden a la solicitud de Fiscalía.
Para los 11 empleados de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) involucrados en el caso, los fiscales solicitaron condenas de dos a tres años por actos arbitrarios y montos por responsabilidad civil que van de $1,417 a $3,394.
¿Qué dijo la defensa?
La parte defensora sostuvo que los delitos por los que se les acusa la Fiscalía no tienen validez, por lo que solicitan la absolución de los delitos.El abogado defensor de Ramírez Landaverde,Pedro Cruz, expuso que no se valida el delito de actos arbitrarios debido a que Asocambio fue creada por una orden emitida por la Corte de Cuentas de la República.
"La petición de Fiscalía no tiene ningún fundamento. Entiendo que ellos están sosteniendo una acusación y que actúen en consecuencia, pero lo que ha desfilado como prueba en el proceso no da ningún motivo para una petición condenatoria como la Fiscalía lo ha advertido".
Pedro Cruz,
Defensor de Ramírez Landaverde.
El abogado destacó que la parte defensora ha señalado pruebas específicas, argumentos concretos y artículos concretos de la ley que avalan la legalidad de la asociación.
El exministro Ramírez respondió a la solicitud de Fiscalía. "La parte acusadora, como hemos podido apreciar, ya prácticamente en sus alegatos finales no hay nada de apropiación o desvío, puesto que les fue imposible llegado a este momento sostener esa acusación", manifestó.
¿De qué los acusan?
Mauricio Ramírez Landaverde y 18 personas más son procesadas por el caso conocido como Asocambio, relacionado a presuntos actos de corrupción en tiendas penitenciarias, por delitos como actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad.A las 19 personas, la Fiscalía General de la República los acusa de conformar la Asociación Yo Cambio (Asocambio), entidad donde se captaron y administraron fondos que familiares de reos depositaban para alimentación. La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias -una cuenta por cada centro penal- y por medio de éstas, trasladaron los fondos para su administración de manera ilícita.
