La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este sábado el requerimiento contra el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, a quien acusa del delito de lavado de dinero y activos.
El requerimiento se presentó ante el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, donde también pidió que el proceso judicial se realice bajo reserva total.
Según la acusación, Anaya fue investigado entre 2015 y 2024. “La representación fiscal hizo una investigación en la cual resulta acreditada la existencia del delito por el cual se ha requerido esta tarde, un dato importante que hay que hacer mención es que la Fiscalía está solicitando la reserva total del proceso, por lo cual no se puede dar mayores datos al respecto”, dijo el fiscal a cargo en una vídeo compartido por la FGR.
El Ministerio Público solicita además que se decrete detención provisional de Anaya durante la primera audiencia, que el Juzgado ha fijado para el 24 de junio de 2025, a las 8:00 a.m.
El abogado constitucionalista fue detenido el 7 de junio de 2025. Para la defensa, Anaya tuvo que haber sido puesto a la orden de los tribunales después de su detención administrativa, 72 horas, la presentación de la acusación ocurrió 15 días después.
Anaya es una de las voces críticas del gobierno de Nayib Bukele desde su reelección. En 2023, fue uno de los abogados que presentaron un escrito al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde pidieron que se denegara la inscripción de Bukele como candidato a la Presidencia de la República porque esto contravenía seis artículos de la Constitución.
Este sábado también se conoció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó parcialmente la demanda de hábeas corpus a favor de Anaya ante la vulneración de los derechos de salud y defensa.
En la resolución, la Sala declaró improcedente la petición de la defensa de un hábeas corpus por los fundamentos de privación ilegal de libertad y superación del plazo de la detención administrativa.
Sin embargo, aceptó el trámite por vulneración de los derechos a la salud y la defensa del favorecido.
La defensa argumentó que a Anaya se le negó la petición de realizar una ultrasonografía esquelética y no tuvo acceso a una revisión médica integral. Después se conoció que las autoridades informaron que fue trasladado al Hospital Nacional Zacamil sin que se le notificaran los motivos de la movilización.
