El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel instaló, el lunes, el juicio en contra de cuatro hombres a quienes se les acusa del asesinato de cinco personas, en el caso conocido como masacre de San Andrés, en el departamento de San Miguel durante el conflicto armado.
Los procesados fueron identificados como José Inés Benavides, alias "Necho"; José de la Cruz Orellana, alias "Chepe proyecto"; Aníbal Alvarado Benítez, alias "Chele Aníbal" y Luis Alonso Benavides Polio. Dos de los acusados tiene medidas alternas a la detención y dos guardan prisión.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) a los imputados se les procesa el asesinato de cinco víctimas que fueron privadas de libertad en el cantón San Andrés, de San Miguel, el 7 de abril de 1981 y sus cadáveres fueron localizados un día después en el cantón Caulotillo, del municipio de San Alejo, La Unión.
La Fiscalía atribuye los delitos en perjuicio de Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, quienes residían en el referido cantón y fue durante la noche que fueron sacados de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.
En su momento, la Fiscalía aseguró que una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa "pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado".
Supuestamente un "oreja" dio información sobre ellos al C2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato. Cuando encontraron los cuerpos algunos estaban mutilados. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.
A los procesados se les atribuye los delitos de asesinato, privación de libertad, robo y asociaciones ilícitas, así como aquellos delitos contra las leyes o costumbres de guerra, es decir no atentar contra civiles. La FGR asegura que todos los delitos fueron cometidos durante el conflicto armado.
La vista pública está prevista para realizarse durante cinco días, donde la Fiscalía presentará pruebas periciales antropología, psicológica, físico-química y social. Además de la declaración de 15 testigos y ocho peritos con los que sustentarán su acusación en contra de los imputados.
Los cuatro exmilitares se convierten en la primera estructura que conformó un escuadrón de la muerte, durante el conflicto armado en el país, que son judicializados por un crimen de guerra, declarado como de lesa humanidad por un juez de paz.
En marzo pasado, Estados Unidos expulsó a Ángel Aníbal Alvarado Benítez de 75 años, quien residía en ese país de manera irregular.
