El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, que
12 empresarios del transporte colectivo, acusados de presuntamente negarse a prestar el servicio de transporte colectivo, sigan procesados en libertad con medidas sustitutivas, mientras pasan a etapa de instrucción.
“La señora jueza acaba de dar la resolución, obtuvimos que el siguiente caso pasará a la siguiente etapa con medidas a la detención sustitutivas”, expuso el abogado Carlos Meléndez.
La jueza ordenó como medida sustitutiva que los procesados
no cambien su lugar de residencia
mientras continúa el proceso penal.
El Juzgado Séptimo de Paz decretó este viernes que 12 empresarios del transporte sigan procesados en la etapa de instrucción por delitos de incumplimiento de deberes, por supuestamente no prestar el servicio cuando el gobierno lo señaló. Seis de ellos se les añade el delito de...
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación formal en contra de los transportistas por los delitos de
incumplimiento de deberes y peculado
luego que el presidente salvadoreño ordenara a la Policía Nacional Civil detener a aquellos que no habían brindado transporte en medio de una crisis por el cierre de la carretera Los Chorros.
“La detención en flagrancia se realizó porque los días 5, 6 y 7 de mayo estos empresarios no prestaron el servicio de forma regular, siendo un servicio público y subsidiado”, informó la FGR el día que presentó la acusación.
El presidente de AEAS, Genaro Ramírez, abandonó la sala de audiencias sin dar declaraciones a los periodistas luego que el juzgado Séptimo de Paz decretara que siga procesado por el delito de incumplimiento de deberes.
La representación fiscal acusó de incumplimiento de deberes a
Genaro Ramírez
de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS);
José Abel Reina
empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín;
José Alejandro Arriaza
vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán;
Nelson David Moreno
de la ruta 79;
Napoleón Humberto Cárcamo López
empresario de la ruta 38, de Apopa y
Alexander Sorto
presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate,
Y para los transportistas
Ángel Monroy Cabrera
empresario de la ruta 38-D, de Apopa;
Rutilio Guardado Ferrer
empresario de la ruta 49, de Soyapango;
José Roberto Cuéllar Parada
empresario de la ruta 41-D, de Soyapango;
Wuillian Ricardo Flores Escobar
empresario de la ruta 54, de La Unión;
Nelson Saúl Villalta Platero
de la ruta 29 Acopac, de Ilopango y
Julio Ovestes Mirón Escobar
empresario de las rutas 47 y 48, se les atribuye el incumplimiemto de deberes y peculado, este último delito fue señalado por Bukele luego de que el gobierno desembolsara $12 millones para el pago del transporte.
Respecto a
Roberto Jaco
quien murió el 12 de mayo, cinco días después de su captura, la juez decretó sobreseimiento definitivo. El empresario era el encargado de las rutas 201 y 50, del occidente del país.
En el caso también se mencionó a
José Modesto Menjívar Vásquez
a quien también se le dio sobreseimiento.
Menjívar Vásquez fue capturado y señalado de operar la ruta 97, la cual se dijo en audiencia no estaba activa cuando se ordenó la gratuidad, motivo por el cual Fiscalía pidió que fuera sobreseído.
"Ellos (Fiscalía) mismos reconocen que ya no estaba esta ruta, ya no estaba operando y por esa razón ha solicitado el sobreseimiento en este caso", expresó el abogado Carlos Meléndez.
Alfredo Callejas, abogado de Nelson David Moreno de la ruta 79, explica que el delito de incumplimiento de deberes -a su criterio- no se configuró de parte del empresario que defienden, porque constan videos que los buses si salieron de su punto.
Previo a la audiencia, el presidente de la Mesa Nacional de Transporte, Alexander Sorto dijo que "confiamos en el sistema que vamos a salir todos absueltos de esta causa".
El origen
El domingo 4 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez pospuso en una conferencia de prensa la reapertura de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros para el día 11 del mismo mes, la cual prevista para el día 5, debido al colapso de un talud el 29 de abril de 2025, dejando inhabilitada la vía.
Ante ello, el presidente Nayib Bukele ordenó que del 5 al 11 de mayo el servicio de transporte colectivo debía ser gratis, como una medida de apoyo por el cierre del tramo de Los Chorros.
Posteriormente, el mandatario también ordenó a la PNC capturar a los transportistas que se negarían a brindar el servicio de transporte gratuito y que el Estado destinó $12 millones para cubrir el servicio.
Durante el cierre de Los Chorros el Área Metropolitana de San Salvador sufrió de severas complicaciones viales, además de saturación de usuarios del transporte colectivo en diferentes paradas de autobuses del país.
