El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó por cuarta vez el juicio del caso Santa Marta, en esta ocasión fue trasladado del 29 al 31 de julio próximo.
El juicio estaba programado para este martes 3 de junio.
Según el abogado defensor, Pedro Cruz, el tribunal decidió posponer el juicio debido a la recusación presentada en contra del juez Hugo Banzer Flores Alas, a quien señalaron de haber pertenecido a la Guardia Nacional, durante el conflicto armado.
La recusación fue presentada ante la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente, pero aún no hay una resolución.
Según información difundida en plataformas digitales y redes sociales por el comunicador, César Fuentes, el juez Alas Flores fue su compañero dentro de la Guardia Nacional, por lo que ahora familiares de los acusados exigen que se investigue.
“Si eso es así, debe ser corroborado y apartado del caso porque esto genera un conflicto de intereses, ya que haría de juez y parte en esta investigación y podría tener hasta cierto punto un anticipo de juicio, entonces desde ese punto de vista la imparcialidad se pierde”, indicó el hijo de uno de los procesados el día que también pidieron a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
Desde inicios de abril, organizaciones de derechos humanos solicitaron al juez Flores Alas que se apartará del proceso judicial que enfrentan ocho personas de la comunidad Santa Marta acusados del asesinato de una mujer durante el conflicto armado salvadoreño.
En el caso Santa Marta se acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de asesinar a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.
El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.
