El equipo de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue si hubo algún delito en la entrega de subsidios durante la pandemia del Covid-19. Según Cristosal hay indicios de incumplimiento de deberes, negociaciones ilícitas, peculado que pudieron cometer funcionarios y empresas durante la entrega del subsidio de los $300, en la pandemia.

En 2020, durante la pandemia, el gobierno decidió destinar $400 millones provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) para financiar el bono de los $300 que entregarían a cada familia de las más afectadas económicamente.


“Sin embargo, un Examen Especial de la Corte de Cuentas detectó 22 irregularidades en el proceso de distribución, entre las que incluyen la falta de controles, la carencia de documentación en las operaciones y contrataciones irregulares de empresas”, expone Cristosal.

Según las indagaciones de la organización el proceso de distribución de los $300 “estuvo marcado por graves irregularidades; además que se realizaron contrataciones directas sin la debida documentación, beneficiarios duplicados y cobros con nombres de fallecidos, con un caso destacado que apareció 1,293 veces en los listados de beneficiarios”.

Entre los funcionarios que a juicio de Cristosal deben ser investigados está Vladimir Handal Monterrosa (entonces secretario de Innovación, destituido en enero de 2023), María Luisa Hayem, ministra de Economía y Mario Durán (entonces ministro de Gobernación) actual alcalde de San Salvador Centro.

También piden investigar a empresas que participaron como proveedoras de servicios tecnológicos y financieros “que podrían haber facilitado la distribución irregular de los fondos”.