Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2016, en el distrito de Puerto Parada, Usulután, donde la víctima recibió una llamada telefónica desde un penal de la zona, en la que le exigían $2,000 a cambio de permitirle trabajar y de no atentar contra su vida.
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Tras la denuncia, se llevó a cabo una investigación que reunió pruebas en su contra, las cuales permitieron comprobar la culpabilidad de la mujer y se emitiera la respectiva condena.
El delito de extorsión tiene una pena de 10 años y otra máxima de 15 años de cárcel, según la Ley Especial contra el delito de Extorsión, el delito puede agravarse y aumentar en una tercera parte por los siguientes casos: Si es cometido contra un menor de edad, si es cometido por dos o más personas, cuando el hecho sea planificado desde prisión, si es contra parientes o aprovechándose de la confianza.
También se agravará cuando el delito sea cometido por un funcionario público, si conlleva una amenaza o utiliza un medio de telecomunicación, si se hace en contra de un funcionario y si al realizarlo se utiliza un arma.