El juicio contra el exfiscal general Luis Antonio Martínez González, acusado de delitos de corrupción junto a otras dos personas cerró el jueves la etapa de declaraciones de testigos.

Durante la jornada, los testigos centraron sus declaraciones en las actuaciones del imputado Julio Adalberto Arriaza González, exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de actos arbitrarios.

Uno de los testigos fue un agente investigador de la Policía Nacional Civil, quien declaró haber recibido órdenes administrativas de captura por parte de Arriaza que incluían la detención de Claudia Herrera por el delito de amenazas en perjuicio de Hugo Blanco Rais, sobrino del empresario Enrique Rais.



Según su testimonio, en las reuniones donde coordinaban las detenciones también participaba la supuesta víctima, Hugo Blanco Rais, situación que generó dudas sobre la imparcialidad de los procesos. Además, que fue la primera vez que escucho sobre una orden de captura emitida por un caso de amenazas.

A esto se sumó la declaración de otro testigo, quien expresó que en escuchas telefónicas se registraron conversaciones entre el exjuez Romeo Aurora Giammattei y otra persona, en las que se discutía la elaboración de un caso en contra de una mujer por supuestas amenazas.

En su testimonio mencionó que durante las llamadas telefónicas se habló de peritajes que se usarían como parte del caso fabricado. El testigo afirmó que informó al exfiscal Martinez sobre esta situación, sin que se tomarán acciones al respecto.

El abogado querellante, Mario Calderón, indicó que los casos fueron "fabricados" y que los investigadores actuaron con base en información manipulada.

"El agente que declaró y los otros investigadores que llevaron a cabo la investigación, se ha demostrado en el proceso que todos fueron engañados porque a ellos les dieron una versión de que habían ocurrido unas suùestas amenazas y lo que ellos (los acusados) fue hacer un trámite y esas supuestas amenazas solo fueron eso, son hechos fabricados por Hugo Blsnco Rais y Enrique Rais", dijo Calderón.

Ante dichos señalamientos, el exfiscal Martínez insistió que las declaraciones de los testigos no evidencian que haya infringido la ley, ni que haya omitido responsabilidades institucionales durante su gestión al frente del Ministerio Público.

"Este dia los testigos dejaron bien claro que los hechos de las amenazas agravadas hacia Enrique Rais y el señor Higo Blanco Rais si existieron y que todo fue legal y sobre las intervenciones telefónicas al juez Giammattei se queda claro que jamás interrumpieron, se concluyó esa intervención y jamás se dio una orden de omitir una investigación", manifestó el exfiscal Martínez.

En jornadas pasadas, testigos manifestaron que el exfiscal Martínez en el año 2014, tuvo conocimiento sobre posibles actos de corrupción que involucraban a un exjuez y a dos exalcaldes, de los cuales no se tomaron acciones inmediatas para iniciar investigaciones.

Con el cierre de la fase testimonial, el proceso penal avanzará a la siguiente etapa de la vista pública que sería la incorporación de la prueba documental y pericial. En un inicio, la FGR ofertó 42 testigos, sin embargo, a la fecha se han prescindido de varios de ellos, incluso dos que fueron propuestos por la defensa de Julio Arriaza.El casoLa Fiscalía General de la República acusa al exfiscal Martínez del delito de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial.

Según las investigaciones el exfuncionario favoreció de supuestas pruebas falsas que habría permitido en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones en contra del abogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.

Junto al exfiscal Martínez, se procesa al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza González, a quien se le atribuye el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y al abogado Francisco Grimaldi por el delito de fraude procesal en perjurio de la administración jurídica.

El caso Rais-Martínez data desde el año 2016, cuando el fiscal Martínez junto a otros dos imputados fueron procesados por "una estructura de asociación delictiva" para ocasionar daños a varias personas.