La comunidad de Santa Marta, del distrito de Victoria, en el departamento de Cabañas, denunció este miércoles que investigadores de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República han llegado a hacer entrevistas, ante supuestas investigaciones de masacres cometidas durante el conflicto armado, mismo argumento que fue utilizado antes de judicializar el proceso penal contra ocho exguerrilleros y líderes ambientalistas de ese lugar.

A través de un comunicado y en una conferencia de prensa, miembros de la comunidad manifestaron su preocupación por la presencia de los investigadores, incluso, los mismos que llegaron previo al caso acusado por el asesinato de una mujer en 1989, en la referida localidad.

«Queremos denunciar acciones de vigilancia, acoso fiscal en Santa Marta y el posible intento de inventar nuevos casos», dice el comunicado que añade un relato.

«Durante las últimas semanas, supuestos investigadores policiales y fiscales ha llegado a entrevistar pobladores de la comunidad, diciéndoles que están investigando las masacres cometidas por los militares durante la guerra. Ésta es la misma mentira con la que llegaban cuando estaban montando el caso que ahora está por cerrarse con la absolución de nuestros compañeros».
Comunicado de la Comunidad Santa Marta.

Ante esto, la población de Santa Marta pide estar alerta por acciones que ellos denominan «hostigamiento y persecución» en contra de sus líderes.

En abril del año anterior, cuando aún estaba pendiente repetirse el juicio en contra de los ocho procesados, familiares de uno de los detenidos denunciaron que hubo presencia policial en los alrededores de su vivienda, mientras que en enero del 2025 también denunciaron presencia militar en la comunidad.

Entrega de fallo

Por otro lado, los representantes comunitarios confirmaron que el Tribunal de Sentencia de San Vicente entregó la sentencia por escrito donde se absolvió penalmente a los ocho acusados, esto abre el plazo para que, tanto la Fiscalía como la defensa, presenten apelaciones.

En el caso de la defensa de los procesados indicaron que aún analizan presentarla, no sin antes, señalar que no comparten el criterio del tribunal de declarar responsable civilmente en abstracto para cuatro de los imputados.

El 24 de septiembre de 2025, de manera unánime, el tribunal resolvió levantar las órdenes de captura en contra de los acusados y absolvió de forma unánime por falta de pruebas a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Alejandro Laínez García, mientras que a los otros cuatro Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez,  y Arturo Serrano Ascencio, fueron absuelto por mayoría dado que hubo dudas en el tribunal, los jueces dijeron sobre ellos que hubo vinculación pero las pruebas no lograr quebrantar la hipóstesis de la Fiscalía.

El plazo último para que las partes puedan presentar apelaciones vence el próximo 13 de febrero.

«Como en el comunicado se plantea, existe la preocupación sobre estos intentos de querer, no solamente continuar el proceso a pesar de que se les absuelve penalmente, entonces todavía queda esa penalización civil. Algo que consideramos incoherente con el sentido común», señaló uno de los líderes de la comunidad, Alfredo Leiva.

El Ministerio Público acusó a los ocho del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.

Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.