presentaron este miércoles un escrito ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que investiguen al juez del Tribunal de Sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas,
señalado de pertenecer a la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño.
“Nosotros como familiares hemos venido a presentar un escrito para que investiguen al juez que lleva el caso de los ambientalistas y nuestro familiar para que se revise si de verdad él (juez) tuvo implicaciones durante el conflicto armado como miembro activo de la Guardia Nacional”, manifestó Milton Rivas, hijo de Pedro Rivas, uno de los ocho procesados.
Según información difundida en plataformas digitales y redes sociales por el comunicador, César Fuentes, el juez Alas Flores fue su compañero dentro de la Guardia Nacional, por lo que ahora familiares de los acusados exigen que se investigue.
“Si eso es así, debe ser corroborado y apartado del caso porque esto genera un conflicto de intereses, ya que haría de juez y parte en esta investigación y podría tener hasta cierto punto un anticipo de juicio, entonces desde ese punto de vista la imparcialidad se pierde”, indicó el hijo de uno de los procesados.
Desde inicios de abril, organizaciones de derechos humanos solicitaron al juez Flores Alas que se apartará del proceso judicial que enfrentan ocho personas de la comunidad Santa Marta acusados del asesinato de una mujer durante el conflicto armado salvadoreño.
El representante de Ades Santa Marta, Alfredo Leiva, consideró que el caso se ha visto “contaminado” y existe la posibilidad que haya manipulado a los otros dos jueces que conforman el Tribunal de Sentencia de San Vicente, que conocerán el caso.
“Por lo tanto, es importante para la aplicación de una verdadera justicia que la Sección de Investigación realice la investigación y de esa manera determine si el juez puede o no actuar en el caso de nuestros compañeros”.
Alfredo Leiva,
Representante de ADES.
A ellos se sumó el abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, quien expresó su apoyo a la comunidad Santa Marta y que el proceso penal ha sufrido de “atropellos” y “dilataciones” con el fin de “criminalizar” a las ocho personas acusadas.
“Ningún exguerrillero que haya participado en el conflicto armado debería de ser juez de ningún exmiembro de la Fuerza Armada o de los cuerpos de seguridad que participaron en el conflicto, así como a la inversa”, recalcó Díaz.
En el caso Santa Marta se acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de asesinar a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.
El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.
El juicio repetido está previsto para el próximo 3 de junio de 2025, luego que fuera suspendido por tercera vez por carga laboral del Tribunal de Sentencia de San Vicente con otros procesos agendados.
El pasado 2 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró en rebeldía a seis procesados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.
Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una persecución en contra los ambientalistas de Santa Marta.
