“Precisamente hoy, la idea de presentar este escrito es exigir al comisionado presidencial la tutela de esos derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, la vida, dado que el Estado salvadoreño es firmante y signatario de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, hoy, la idea es plantearle a él que no solo hay derechos económicos, sino de derechos violentados como el derecho a la salud y a la vida”, detalló Juan José Ortiz, miembro de la Junta Directiva de los afectados de Cosavi.
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Ortiz asegura que debido al impacto por el fraude en la cooperativa, la incertidumbre y preocupación tres personas han fallecido.
“Nuestro caso tiene tres personas fallecidas y esta cifra puede ir aumentando en la medida que el tiempo va avanzando y no vemos respuesta de las instituciones del Estado involucradas en nuestro caso”, dijo Ortiz.
Ortiz agregó que aparte de violentarles los derechos a la salud y a la vida también se les ha violado el derecho a la información, ya que la SSF puso en reserva por siete años todo lo relacionado al fraude millonario de la cooperativa.
“Incluso se nos ha violado el derecho a la información, que es un derecho humano fundamental, desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, acceder a información pública es un derecho, hasta eso se nos ha violentado con la última resolución arbitraria que toma la Superintendencia del Sistema Financiero.
En este sentido, el afectado cuestiona que a estas alturas el comisionado Guzmán no se haya pronunciado.
“Tenemos muchos casos, que incluso se le han presentado escritos a la superintendencia planteando que, de no permitirle a nuestros asociados acceder a sus fondos, la vida de muchas personas que tienen enfermedades crónicas corre peligro. Así que es darle a conocer al comisionado, lamentamos que ya en casi seis meses el comisionado no se ha pronunciado; él puede argumentar que desconoce del caso, pues hoy queremos que conozca el caso y que se pronuncie y que tutele esos derechos que se nos han violado”.
Los afectados se hicieron acompañar de su abogado, Rudy Joya, quien cuestiona la falta de transparencia que ha mantenido la Superintendencia del Sistema Financiero en todo el caso y el método de entrega de dinero por capaz.
“Hay personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, que tienen deuda y que no han podido cubrir estas necesidades que amerita un nivel de vida digno, señaló Joya, quien cuestionó que los fondos “ni siquiera están congelados por un juzgado, sino que están siendo administrados por el Estado, por la Superintendencia y el la Superintendencia la que no explica porqué está administrando una cooperativa que debería de seguir funcionando de manera autónoma con sus asociados y de igual manera cuál es el proceso para estar autorizando el tema de capaz, para unos sí y para otros no. Esa falta de transparencia es lo que también documentamos”, manifestó Joya.
El abogado explicó que no solo piden que se entere del caso, se pronuncia, sino que también se integre una mesa de diálogo, con la Fiscalía General de la República, la SSF y por supuesto “los afectados de Cosavi para que sea este proceso más transparente en cuanto a la devolución de los fondos de los ahorros que ellos tienen y que no pueden disponer de sus ahorros, de sus bienes, de su dinero...Así que estamos exigiendo al comisionado que, si es cierto que en El Salvador se respetan los derechos humanos, acepte esta petición en favor de los afectados de Cosavi”, expuso.
La última capa de dinero a entregar a los socios, por la SSF, fue de $25,000 y se aprobó el 17 de septiembre, es decir ya hace más de dos meses. Luego de eso solo se supo que el caso se declaró en reserva por siete años y ya no ha habido mayor información ni de parte de la SSF, ni de la FGR, de cómo va el caso.
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