Los afectados de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi) y los abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) pidieron a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) cuál es la base legal utilizada para intervenir la cooperativa, cuando aún no termina el procedimiento para convertirse en ente bancario.

A través de un escrito, los afectados y los abogados llevaron un listado de preguntas que acompañan esta inquietud de los ahorrantes de Cosavi, para que sean respondidas por la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Marisol Gracias, quien ha sido la encargada de revelar la apertura de capas sobre la devolución del dinero.

"Una explicación de cuál es la base legal de por qué la superintendencia intervino la cooperativa y la administra como tal. Ya hemos tenido caso que se venció el certificado, el dinero pasó a su libreta, todavía no le toca la capa, estas personas se presentaron acá... ya no hay impedimento para devolver el dinero, y la respuesta de la Superintendencia es que no está entre sus atribuciones, devolver el dinero, una cosa contradictoria porque ellos están administrando la cooperativa y la forma en como se está devolviendo el dinero", explicó Juan José Ortiz, quien se convirtió en el vocero de los afectados de Cosavi.
El abogado de Unidehc, Rudy Joya, manifestó que entre las preguntas hechas a la superintendencia están:
  • ¿Cuál es el fundamento legal que la superintendenta del Sistema Financiero ha tomado para estar administrando tanto los fondos como toda la actividad administrativa de la cooperativa en este caso Cosavi?
  • ¿ Cuál es el criterio que ha tomado el Estado o la superintendencia para aprobarle a algunas personas la devolución de su dinero y a otras todavía no?
  • ¿Qué tiempo hay que esperar para las personas que aún no entran en esas capas para que puedan tener acceso a un derecho que es sus ahorros?

El abogado Joya manifestó que la SSF tiene entre 30 y 60 días para responder el escrito presentado por los afectados para explicar la intervención, que a criterio de ellos, debió ser el Insafocoop y la Fiscalía General de la República, los encargados del caso porque Cosavi es una cooperativa.

Joya añadió que un operativo de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil (PNC) los esperaba y que quien les recibió el escrito no quiso firmar de recibido, solo colocó un sello. Sin embargo, puso reparos para no aceptar el escrito.

En mayo pasado, la Fiscalía reveló que investigaba a 32 personas por un desfalco de almenas $35 millones, entre los investigados estaba el exgerente de la cooperativa Manuel Alberto Coto Barrientos, quien murió recientemente en un accidente de helicóptero en Pasaquina, La Unión, cuando era trasladado hacia San Salvador, tras su captura.

Desde que la Fiscalía anunció la investigación, la Superintendencia también dijo que intervino la cooperativa y que el dinero iba a ser devuelto "en capas", primero aquellas menores que abarcaban a la mayoría de ahorrantes, pero que era imposible devolver el 100 % del dinero.

Los afectados se organizaron para exigir se les devuelva el dinero, ya que existe una gran parte de ellos que desde inicios del año dejaron de percibir los intereses y tampoco pueden tocar sus ahorros.

"Que nos regresen nuestros ahorros, son los ahorros de nuestra vida, son los ahorros que en mi caso particular es mi pensión la que tengo ahí", dice Julio Flores que pide al Gobierno le regrese los ahorros que tenía en Cosavi.

Los afectados también han tocado las puertas en la Asamblea Legislativa, entidad que se negó siquiera a agregar a su agenda una iniciativa de “Ley de creación del Fideicomiso en apoyo a los afectados de Cosavi”.