Quijada Orellana es el dueño de los talleres automotriz GQ Racing y creador de contenido en TikTok, hace dos semanas fue condenado por estafa agravada en perjuicio de una sociedad, por haber dejado de pagar el alquiler del terreno donde funcionaba su taller en la Urbanización Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
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Ahora, los fiscales le imputan a él y a una presunta red que conformó de repetir el mismo patrón: "Esta red delincuencial operaba con Gerardo Quijada a la cabeza en el cual él impartía órdenes para lograr defraudar el patrimonio de sociedades y de personas naturales, concretamente él se servía de abogados en el ejercicio de la profesión, cometían fraudes de ley, también ser servía de su núcleo familiar para tener guardadas las ganancias de sus sociedades", explicó uno de los fiscales a través de un video compartido por la Fiscalía a periodistas.
La Fiscalía señala que Quijada y su estructura alquilaban locales de gran plusvalía por tres o cinco años, donde figuraba como representante legal de una sociedad, pagaba el alquiler por un tiempo y luego dejaba de hacerlo.
"Cuando los dueños de los inmuebles o personas que le provenían de productos le cobraban, la entidad con la que habían hecho el trato ya no existía, figuraba como una sociedad diferente y el representante legal era otra persona".
Comunicado de la Fiscalía.
Según la Fiscalía, la estructura estaba conformada por:
- Gerardo Quijada Orellana, dueño de GQ Racing y presunto cabeza de la estructura
- José René Ventura Alvarado, alias Big boy;
- Jorge Carlos Figeac Cisneros y César Roberto Trujillo Menéndez, quienes eran los abogados de Quijada
- Jennifer Marcela Quijada Suncín, hija de Quijada y acusada de testaferro,
- Jason Gerardo Quijada Suncín, hijo de Quijada y acusada de testaferro,
- Mónica Elena Quijada Suncin, hija de Quijada y acusada de testaferro,
- Jorge Alberto Alemán Cruz, quien era representante legal de quijada
- Mirna Elena Suncín de Quijada, esposa de Quijada Orellana, quien también ejercía como testaferro.
- Milton Eduardo Chávez Chicas,
- René Williams Arias Mejía (ausente).
Contra ellos, la Fiscalía abrió la investigación por los delitos de:
- Agrupaciones ilícitas,
- Estafa agravada,
- Extorsión,
- Violencia contra funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, miembros de la Fuerza Armada, personal de seguridad de los Centros Penales, personal de seguridad de los centros de internamiento de menores, personal de protección de personas sujetas a seguridad especial, Fiscalía General de la República, Órgano Judicial y sus familiares,
- Denuncia o acusación calumniosa,
- Casos especiales de lavado de dinero y activos,
- Tenencia (únicamente para Mirna Elena Suncín de Quijada)
- Portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego (para Quijada Orellana y Milton Chicas).
El fiscal del caso explicó que Quijada Orellana había "preparado el terreno" previamente en redes sociales, donde ha expuesto los casos judiciales que enfrentaba. Todo lo anterior "con la intención de manipular la opinión pública y venderse como que fueran víctimas para ocultar su actuar ilícito", sostuvo el fiscal.
La Fiscalía no precisó cuándo será la audiencia de imposición de medidas en el tribunal contra Crimen Organizado, que por su naturaleza, reserva los casos que recibe y no se puede conocer detalles de éste.
Se defiende
Los acusados que están detenidos (ocho en total) fueron remitidos la tarde de ayer al Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, donde Quijada aseguró ser inocente de las acusaciones."Estoy aquí por una situación de alquileres. Gerardo Quijada nunca ha estafado, nunca ha estado involucrado en cosas ilícitas, al contrario, siempre he sido pro El Salvador, pro reconstrucción del país, ese promejoramiento del tejido social que a todos nos ilusionaron desde el inicio y aún en estas circunstancias no me arrepiento de haber votado por el gobierno que tenemos porque realmente el país está cambiando y tengo fe en Dios que se hará justicia", dijo a periodistas en el centro judicial.
Quijada fue detenido el pasado 19 de septiembre luego que el Juzgado Segundo de Sentencia girara una orden de captura al no haberse presentado al fallo del juicio en su contra, donde fue condenado a seis años de cárcel por el delito de estafa agravada.
Tras la condena, un juzgado civil ordenó el desalojo de GQ racing en el local de Santa Elena, que era requerido por la sociedad dueña del terreno, y a quien Quijada no paga el arrendamiento desde el 2009, según el proceso penal.
Luego de su captura, la Fiscalía allanó todas las sedes de los talleres y las propiedades de la familia Quijada, además giró ocho órdenes de captura porque aseguró que Quijada dirigía una estructura ligada a estafar sobre propiedades de gran plusvalía.
