El pasado 13 de mayo, la abogada presentó un aviso en la Fiscalía General de la República de Santa Ana donde pidió investigar el proceder de custodios hombres en perjuicio de la población rea de mujeres en los centros penales de Apanteos e Izalco.
Este martes, Magaña relató a los periodistas una ampliación de su denuncia donde señala que las violaciones sexuales "son una práctica común dentro de los centros penales".
La abogada y defensora de derechos humanos señaló que las mujeres que resultan embarazadas de estos vejámenes, si son detectadas antes de las 12 semanas, son obligadas a abortar. "Sin importar si están embarazadas o no, por los golpes, las embarazadas tienen abortos espontáneos al salir, el feto es tomado con una bolsa negra por los custodios y es llevado a las fosas de los penales. Este testimonio es consistente por las declaraciones de diferentes mujeres liberadas que estuvieron privadas de libertad en el transcurso de estos tres años en los penales de cárcel de Mujeres y Apanteos", añadió Magaña en su relato.
"Las mujeres son revisadas totalmente desnudas por custodios hombres cuando esa labor debería realizarla una mujer, posteriormente son llevadas a las celdas y en ese tránsito los custodios empiezan a perfilar las mujeres que les gustan, luego de ser perfiladas las mujeres empiezan a recibir golpes y maltratos físicos hasta caer desmayadas y posteriormente son agredidas sexualmente. El resto de mujeres tienen prohibido ver estas acciones, preguntar o hablar con las víctimas de lo contrario son castigadas quitándole a toda la celda, la comida y recibiendo otro tipo de castigos físicos y psicológicos",
Jayme Magaña,
Abogada de Alas por la Libertad.
Los relatos de reas que han sido entrevistadas por Magaña y otras organizaciones indican que todas tienen prohibido hablar del tema entre ellas y con los personeros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que las visitan, de lo contrario, los custodios les dan castigos físicos, las privan de alimentación, y no solo a quien hable sino a todas las compañeras de celda.
Magaña externó que ha visto disposición de parte de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil en el caso y recordó que las denuncias de las reas van en contra de la legislación en favor de la mujer que está vigente el país.
El Salvador tiene vigente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que se aplica a todas, independientemente si están privadas de libertad o no, además, el Código Penal establece altas penas de prisión por violación sexual.
