Un juez federal estadounidense prolongó hasta el martes la orden que impide a la Administración de Donald Trump deportar a Guatemala a un grupo de cientos de menores de edad no acompañados que están bajo custodia de las autoridades.
"Se ordena que la orden de restricción temporal ingresada el 31 de agosto a las 12:37 p.m. se extienda hasta el 16 de septiembre de 2025. Los demandados (las autoridades) permanecen bajo las mismas obligaciones hasta entonces", estableció este sábado el juez Timothy James Kelly, de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia.
Las autoridades estadounidenses pretendían deportar en agosto a 76 menores de edad que ya estaban en un avión hacia Guatemala, además de existir un total de 327 niños guatemaltecos "elegibles para reunificación con sus padres o familia" en el país centroamericano, según los documentos judiciales.
Pero los abogados de los niños y adolescentes, de entre 10 y 16 años, argumentaron que la Administración violó el debido proceso, pues tienen casos pendientes ante tribunales migratorios, e ignoró las protecciones especiales de los menores de edad, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.
"Para ser claro: se ordena que los acusados no transfieran, repatrien, remuevan o faciliten el transporte de ninguno de los demandantes o miembros de dicha clase putativa de Estados Unidos", enfatizó ahora la orden del juez, quien pidió más tiempo para analizar el tema de fondo.
Ante esta situación, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el 1 de septiembre que su gobierno está dispuesto a recibir hasta 150 menores de edad no acompañados procedentes de Estados Unidos cada semana.
Estados Unidos tenía bajo custodia a 2,011 menores de edad no acompañados en agosto, según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés), aunque no detalla sus nacionalidades.
La repatriación de niños ha representado un reto para la Administración Trump por el Acuerdo Flores, que se firmó en 1997 y establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores de edad indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.
