El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue acusado este miércoles en Nueva York de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y explotación de menores, junto a varios miembros de su familia. La investigación apunta a que la organización religiosa fue utilizada durante décadas para facilitar abusos sexuales sistemáticos contra niños y mujeres.
La acusación fue presentada por un gran jurado federal y sostiene que Joaquín García, de 56 años, y otros cinco acusados emplearon su poder religioso para encubrir delitos graves, incluyendo la producción de fotografías y videos de abuso sexual infantil.
Agentes federales registraron la residencia del pastor en el Este de Los Ángeles, cerca del templo principal de la congregación en California. García fue trasladado a custodia federal desde la prisión de Chino, donde cumple una condena de 16 años de cárcel tras declararse culpable en 2022 de abusar de tres menores en un caso estatal.
Además del líder religioso, un acusado fue detenido en Los Ángeles y otro en Chicago, mientras que otros tres permanecen prófugos. Según la fiscalía, parte de los implicados intentaron destruir pruebas e intimidar a las víctimas para evitar que colaboraran con la policía después del arresto de García.
Un “apóstol” con millones de seguidores
La iglesia La Luz del Mundo asegura tener alrededor de 5 millones de fieles en todo el mundo, quienes consideran a Joaquín García el “apóstol de Jesucristo”. Sin embargo, los fiscales sostienen que se aprovechó de su influencia espiritual para obligar a niñas y mujeres jóvenes a mantener relaciones sexuales, bajo la amenaza de condenación si se negaban.
Los fiscales de California ya habían advertido en procesos anteriores que García utilizó su posición de poder para manipular la fe de sus víctimas y encubrir un patrón de explotación sexual que se extendió por años.
El caso contra Naasón Joaquín García y sus familiares representa un nuevo golpe contra la credibilidad de La Luz del Mundo, cuyo líder enfrenta ahora cargos federales que podrían ampliar significativamente su condena.
La fiscalía de Nueva York advirtió que seguirá investigando la presunta red de complicidad que permitió los abusos, mientras organizaciones de víctimas piden justicia y protección para los sobrevivientes.
