El exmandatario de 72 años llegó hasta un complejo judicial de Bogotá para defender su inocencia en una de las audiencias que forman parte del proceso, por el que se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel.
De traje gris, Uribe fue visto en la transmisión del procedimiento defendiendo su inocencia por un caso que él mismo inició y que se ha convertido en un bumerán judicial.
El expresidente (2002-2010), que antes había comparecido virtualmente en otras diligencias del caso, denunció que el juicio tiene un "origen político".
"Pretendo aportar para lo que se habrá de demostrar en este juicio, que no soborné ni mandé a sobornar testigos, que no engañe a la justicia".
Álvaro Uribe,
Expresidente de Colombia.
Decenas de sus simpatizantes se manifestaron durante su comparecencia en las afueras de los juzgados, portando banderas de Colombia y máscaras con el rostro del exmandatario.
La investigación que tiene al líder de la derecha colombiana contra las cuerdas se remonta a 2012. Uribe denunció al congresista de izquierda Iván Cepeda por buscar testimonios falsos para vincularlo con paramilitares que operaron en los años 90 y comienzos de siglo.
Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue él quien trató de manipular a testigos. En 2020, ordenó el arresto domiciliario del entonces senador Uribe.
El exmandatario renunció luego a la Cámara alta y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició el proceso.
"En este juicio probaremos que ha sido su origen un proceso político, que su objetivo principal no es, como quedó claro en las palabras de la fiscalía, desacreditar al senador Cepeda", remarcó Uribe este lunes ante la jueza instructora Sandra Heredia.
Su abogado, Jaime Granados, añadió que la defensa probará en esta última etapa del proceso, iniciada el viernes pasado, que "la Fiscalía lo que ha hecho es tergiversar los hechos".
El primer juicio penal contra un exmandatario colombiano avanza contra reloj, debido a que, tras más de cinco años de procedimientos, puede prescribir el 9 de octubre si no hay veredicto.
Granados, había pedido retrasar el inicio de este último ciclo argumentando que requería más tiempo para analizar las pruebas. Pero la jueza rechazó la moción, que las víctimas consideraron una maniobra para dilatar el proceso.
A la diligencia asisten varias de ellas, incluidos dos exparamilitares encarcelados que aseguran que fueron presionados por el exabogado de Uribe, Diego Cadena, para testificar a su favor.
