El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general, Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, explicó en una rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía) con el fin de que los hechos se investiguen con «objetividad» e «independencia».
Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo (participación directa de la víctima o agraviado en el proceso penal) para contribuir al proceso y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso, según detalló el funcionario.
Saavedra agregó que la decisión de presentar esta denuncia responde al cumplimiento del mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado guatemalteco con la justicia.
«Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley», reiteró el procurador, quien señaló que estas acciones buscan que «la verdad salga a luz».
Según el titular de la PGN, el comunicado divulgado el lunes por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que vincula a Porras con adopciones irregulares durante el conflicto armado interno (1960-1996), constituye un «llamado urgente» ante graves vulneraciones a los derechos de la infancia.
El informe de los expertos de la ONU detalló su «preocupación» por información que apunta a que «al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996».
Porras, actual fiscal general y sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) bajo cargos de corrupción, habría actuado como «tutora legal» de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982, de acuerdo con el documento de los expertos.
El pasado lunes, la fiscal general —quien debe dejar el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión— negó cualquier participación en dichas adopciones y acusó a la ONU de difundir señalamientos «falsos» y «politizados».
