Al menos 220 abogados han muerto violentamente en Honduras desde 2004 y cerca del 90 % de esos crímenes permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
En un comunicado, Izaguirre alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el pasado viernes en San Pedro Sula, en el norte del país. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se conducían en una motocicleta.
Altamirano fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).
La titular del Conadeh expresó su solidaridad con la familia de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables del crimen.
Izaguirre recordó que Honduras cuenta desde 2015 con un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, pero advirtió que “no ha funcionado” de manera efectiva.
“En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.
El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones impide esclarecer las causas reales de las muertes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, pidió al Estado implementar mecanismos de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus familias.
Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se volvió especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras por región.
Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de diversas instituciones. La mayoría de los ataques ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales, concluyó el Conadeh.
