Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) son una alarma que no debe pasar desapercibida: más de 10,000 personas lesionadas en accidentes de tránsito en lo que va del año, un incremento del 11 % respecto a 2024. Detrás de estas cifras hay historias de dolor, familias afectadas y una creciente sensación de que nuestras calles y carreteras se han convertido en escenarios de riesgo cotidiano.

El aumento no es un simple número estadístico; refleja una cultura vial deteriorada, donde la imprudencia y la falta de respeto a las normas continúan cobrando víctimas todos los días. Las principales causas —la invasión de carril, la distracción del conductor, el irrespeto a las señales y la velocidad excesiva— no son accidentes inevitables, sino fallas humanas prevenibles. Cada una de ellas representa una decisión errónea, una omisión o una actitud negligente al volante.

Particular preocupación merecen los motociclistas, quienes representan una de las poblaciones más vulnerables y, al mismo tiempo, más afectadas. Con 3,274 lesionados en 2025, el incremento del 22 % respecto al año anterior revela una tendencia alarmante. Las motocicletas, símbolo de movilidad económica y rápida, se han convertido también en vehículos de alto riesgo ante la falta de educación vial incluyendo casi la mitad de los motociclistas sin licencia, el uso inadecuado del casco y la escasa fiscalización.

No se puede ignorar el papel de las instituciones de socorro, como Comandos de Salvamento, Cruz Verde y Cruz Roja, que diariamente asisten a las víctimas de siniestros viales. Pero su heroico trabajo no basta si no hay una política pública firme y sostenida que combine educación, control y sanción. El país urge una estrategia integral de seguridad vial que abarque desde la formación de los conductores hasta la infraestructura segura y la aplicación efectiva de la ley.

La cifra de 942 muertes en lo que va del año es un recordatorio doloroso de que cada accidente no solo deja heridos, sino también familias rotas. La seguridad vial no puede seguir siendo un tema secundario. Prevenir debe ser la prioridad, porque en las carreteras del país no se está perdiendo solo tiempo o dinero: se están perdiendo vidas.