La oleada de violencia desatada por las pandillas este fin de semana en Guatemala marca uno de los episodios más graves y dolorosos de los últimos años. El asesinato coordinado de nueve agentes de la Policía Nacional Civil, los ataques directos a las fuerzas de seguridad y los motines simultáneos en centros penitenciarios constituyen no solo crímenes atroces, sino un desafío frontal al Estado de derecho y a la convivencia democrática.
No se trata de hechos aislados ni de estallidos espontáneos. Lo ocurrido revela una estrategia deliberada de intimidación, terror y represalia por parte de estructuras criminales que, al verse acorraladas por operativos estatales, responden con violencia extrema. Atacar a quienes garantizan la seguridad pública es un mensaje claro: las pandillas buscan sembrar miedo, paralizar al país y presionar al Estado para recuperar privilegios que nunca debieron tener, tal como sucedió en El Salvador y que la política de seguridad decidida de la administración Bukele quebró con fuerza.
Ante esta realidad, la declaración del estado de sitio por 30 días es una decisión grave, excepcional y polémica, pero también comprensible en el contexto de una amenaza directa contra la institucionalidad. Ninguna democracia recurre a la suspensión de garantías sin razones de peso. Ocho policías asesinados en un solo día, motines en cárceles de alta seguridad y la capacidad de coordinación mostrada por los grupos criminales constituyen, sin duda, una emergencia nacional.
El combate al crimen organizado debe ser firme. Es necesario reconocer el sacrificio de las fuerzas de seguridad. Los policías asesinados cumplían con su deber en circunstancias de alto riesgo, enfrentando a organizaciones criminales que durante años se fortalecieron al amparo de la corrupción, la impunidad y la debilidad institucional. Su muerte no puede quedar en estadísticas ni en discursos; exige justicia, memoria y un compromiso real para desmantelar las redes criminales que operan dentro y fuera de las cárceles.
La violencia de las pandillas no solo mata policías: fractura comunidades, paraliza la economía, amenaza la justicia y erosiona la esperanza. Guatemala no puede permitir que el miedo dicte su rumbo. Como afirmó el presidente, no se negocia con criminales ni se toleran acciones terroristas. Pero esa firmeza debe ir acompañada de una visión de largo plazo: depuración institucional, reforma penitenciaria, fortalecimiento del sistema de justicia y políticas de prevención que ataquen las raíces sociales del crimen.
Hoy más que nunca, la sociedad guatemalteca necesita unidad, claridad moral y rechazo absoluto a la violencia criminal. El Estado debe recuperar el control, sí, pero también la confianza ciudadana. Porque la seguridad no se construye solo con fuerza, sino con justicia, legalidad y un compromiso inquebrantable con la vida.
