La aprobación del impuesto a las remesas por parte del Congreso de los Estados Unidos, dentro del proyecto de ley “One Big Beautiful Bill Act”, representa una medida regresiva, ineficaz y profundamente perjudicial tanto para los migrantes como para las economías de América Latina, especialmente países como El Salvador.
Bajo el pretexto de una supuesta “deportación financiera”, se está implementando una política que penaliza a quienes sostienen no solo a sus familias, sino también a economías nacionales enteras.
Las cifras hablan por sí solas: en 2024, El Salvador recibió más de 8,479 millones de dólares en remesas, lo que equivale al 24 % de su PIB. Un impuesto del 3.5 % sobre los envíos —sumado a las comisiones ya existentes— podría provocar una caída del 7 % en el volumen de remesas, una pérdida de casi 600 millones de dólares que impactará directamente en los hogares más vulnerables. No se trata solo de cifras, sino de familias que dejarán de comprar medicinas, pagar matrículas o invertir en pequeños negocios.
Esta medida no solo es económicamente dañina, sino moralmente cuestionable. Castiga a los migrantes por el simple acto de cuidar a sus seres queridos desde el extranjero. Además, exige a los remitentes demostrar su ciudadanía para evitar el impuesto, una carga burocrática discriminatoria que afectará incluso a ciudadanos naturalizados. Se trata de un sistema que presume culpabilidad antes que legalidad, violando principios fundamentales de igualdad y debido proceso.
En el plano internacional, la medida también amenaza con deteriorar las relaciones comerciales entre EE.UU. y sus socios latinoamericanos que cada vez ven con mayor desconfianza a su antiguo “socio confiable” del norte.
Estudios demuestran una clara correlación entre las remesas y las exportaciones estadounidenses hacia estos países. Al disminuir el poder adquisitivo de los hogares receptores, también se reduce su capacidad de consumir productos estadounidenses, lo que podría traducirse en una contracción del comercio bilateral y afectar a sectores económicos dentro del mismo Estados Unidos.
El nuevo impuesto incentivará el uso de canales informales para el envío de dinero, debilitando los sistemas financieros formales, elevando riesgos de lavado de dinero y dejando a millones de usuarios sin protección legal. Lejos de disuadir la migración, podría exacerbarla: al eliminar una fuente crítica de sustento, más personas podrían verse forzadas a migrar en busca de mejores oportunidades.
En lugar de castigar la solidaridad familiar, Estados Unidos debería fomentar políticas migratorias y económicas más inteligentes y humanas. Gravando las remesas, el Congreso no detiene la migración, solo agrava las causas que la provocan. Lo que se necesita no es una barrera financiera, sino puentes de cooperación que fortalezcan tanto a las familias migrantes como a las naciones que dependen de ellas.
