La reciente alza del 175 % en los vuelos con salvadoreños deportados desde Estados Unidos entre enero y junio de 2025, según datos de Witness at the Border, debe prender todas las alarmas en El Salvador. No se trata solo de una cifra —22 vuelos en junio frente a apenas 8 en enero—, sino de miles de historias humanas truncadas, de familias separadas, de sueños rotos y de consecuencias socioeconómicas para El Salvador.
El endurecimiento de la política migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump ha mostrado un patrón creciente y sostenido de expulsiones, muchas de ellas de personas que estaban en proceso de solicitar asilo o que llevaban años construyendo una vida en Estados Unidos. Diario El Mundo recogía la semana pasada el estremecedor testimonio de un joven salvadoreño de 24 años, padre de tres hijos nacidos en EE.UU., que fue deportado sin que se le permitiera culminar su proceso de asilo. Estas decisiones reflejan una lógica profundamente deshumanizante y contraria al respeto por el debido proceso.
El Salvador no puede permanecer como simple espectador ante esta situación. De enero a junio de este año, ya se han recibido 85 vuelos con connacionales deportados. Esto no solo evidencia una crisis humanitaria, sino que anticipa una creciente presión social y económica para el país, que debe asumir la reintegración de miles de ciudadanos, incluyendo niños y adolescentes. Según cifras oficiales, entre 2019 y marzo de 2025, El Salvador ha recibido más de 21,000 menores deportados, muchos de ellos por vía aérea.
Además, la posibilidad real de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del gobierno estadounidense amenaza con agravar aún más esta crisis. Es importante anticiparse a un escenario en el que decenas de miles de salvadoreños protegidos por el TPS puedan ser repatriados forzosamente.
Se necesita un plan integral para la atención y reinserción de los retornados. Se requiere una estrategia que brinde apoyo psicosocial, formación para el empleo y oportunidades reales de reintegración. También es fundamental que la Cancillería redoble esfuerzos diplomáticos para defender los derechos de nuestros compatriotas en el exterior y denunciar cualquier vulneración al debido proceso migratorio. La relación bilateral con Estados Unidos no puede construirse a costa del silencio ante los atropellos contra nuestros compatriotas.
