El salario mínimo en Venezuela alcanzó este martes su punto más bajo en términos reales, al ubicarse en el equivalente a $0.50 al mes, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que cotizó el dólar en 262 bolívares, la moneda local.
El sueldo básico permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos $30 mensuales, pero la fuerte devaluación de la moneda ha reducido drásticamente su valor. Aunque el gobierno entrega bonos adicionales por hasta $160, estos no inciden en prestaciones laborales, como vacaciones o aguinaldos.
Consultado por EFE, un economista que solicitó anonimato afirmó que “es prácticamente imposible sobrevivir con ese salario”, y señaló que millones de venezolanos se apoyan en bonos, remesas familiares y ayudas para cubrir sus necesidades básicas.
El experto aseguró que aumentar el salario mínimo en Venezuela es inviable debido al tamaño de la nómina pública, estimada en 5.5 millones de empleados, más 4.5 millones de pensionados, quienes reciben el mismo monto mensual. Aumentar el salario a $250 implicaría, dijo, un gasto que superaría los ingresos totales del país por exportaciones petroleras y recaudación fiscal.
“La baja productividad, los altos costos operativos y la fragilidad fiscal impiden elevar el salario significativamente”, apuntó el economista, quien cree que podría hacerse un aumento moderado dada la mejora relativa de los ingresos, aunque no precisó cifras por la ausencia de datos oficiales confiables.
Bonos sin impacto en prestaciones
Ante la imposibilidad de incrementar el salario mínimo, el gobierno venezolano ha optado por fortalecer los bonos económicos, que considera una herramienta para “combatir la guerra económica y evitar la inflación”, según declaraciones oficiales.
Actualmente, los trabajadores públicos reciben un bono de alimentación de $40 y otro denominado “ingreso de guerra económica”, que asciende a $120, ambos pagados a la tasa oficial del día, pero fuera del cálculo de beneficios laborales.
Organizaciones como Provea han insistido en que esta práctica contradice la Constitución, que obliga al Estado a garantizar un ingreso digno, ajustado al costo de la canasta básica familiar, que en abril fue de $503.73, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas-FVM).
