Las remesas que se envíen desde Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2026 pagarán un impuesto del 1 % según el plan fiscal avalado este jueves por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Este impuesto afectará a los salvadoreños que envían remesas, ya que tendrán que destinar más dinero para pagar el tributo y el costo de transferencia o, por otro lado, reducirán los montos de envío a sus familias para cubrir las obligaciones.

De Estados Unidos procedieron el 92.5 % de las remesas recibidas por los hogares salvadoreños a mayo pasado, equivalente a $3,576.1 millones. Este monto aumentó en $528 millones, un 16.8 %, respecto a igual período de 2024.
¿Cuándo inicia el cobro?El impuesto se aplicará a las transferencias realizadas después del 31 de diciembre de 2025, según el documento de ley aprobado. Es decir, que, a partir del 1 de enero de 2026, las casas remesadoras aplicarán este tributo.
¿Quién paga el impuesto?La ley señala que el impuesto a cualquier transferencia de remesas será pagado por el remitente.
¿Cómo se cobrará?Según el documento de ley, el impuesto establecido se aplicará únicamente a transferencia de remesas para cualquier remitente que proporcione efectivo, un giro postal, un cheque de caja o cualquier instrumento físico.
No aplica a remesas desde cuentas bancariasLa ley señala que el impuesto no se aplicará a "ninguna" remesas cuyos fondos se transfieran de una cuenta bancaria mantenida en una institución financiera domiciliada en Estados Unidos. Tampoco aplicará a los fondos financiados con una tarjeta de débito o crédito emitida en EE. UU.
Responsabilidad de cobroLas empresas remesadoras recaudarán el tributo y lo transferirán trimestralmente al gobierno estadounidense. Si el impuesto no se cobra al momento de enviar la remesa, será pagado por el proveedor de la transferencia.
¿Para qué se usarán los fondos?El dinero recaudado por este impuesto servirá, en parte, para financiar las medidas de seguridad fronteriza y defensa que contempla el plan fiscal del gobierno de Trump. También contempla recortes presupuestarios a programas sociales, como Medicaid y paquetes de alimentos a población vulnerable, así como la permanencia de las deducciones fiscales que aprobó Trump en su primer mandato.