El financiamiento de $1,000 millones servirá para que el gobierno salvadoreño recompre $1,031 millones acordados en una convocatoria lanzada al mercado el 4 de octubre para títulos con vencimientos entre 2027 y 2052.
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Una recompra de deuda consiste en que el gobierno compra su propia deuda en manos de inversionistas. En este caso, se busca aliviar la curva de vencimientos y reducir el gasto del Tesoro porque hay “ahorros” por el no pago de intereses y capitalizaciones.
Con esta transacción de DFC, el gobierno salvadoreño ahorrará $352 millones de los cuales $350 millones se destinarán a un Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa, que durará 20 años.
En la estructura de la operación, la primera de este tipo a nivel mundial, participó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Catholic Relief Services (CRS), el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES), y ArtCap Strategies
Compromisos
El gobierno asignará cada año $9.75 millones, que en 20 años sumarán $200 millones, directamente para el funcionamiento del programa. Además, deberá entregar $7 millones anuales ($150 millones) para financiar un fideicomiso que entrará en operación una vez finalizado el primer compacto, a partir de 2044.El gobierno se ha comprometido a:
- Establecer una entidad en el área para supervisar la conservación y restauración de la cuenca del río Lempa.
- Aprobar un Plan Nacional de Recursos Hídricos Integrados.
- Establecer un sistema de monitoreo de datos de recursos hídricos para la cuenca del río Lempa.
- Desarrollar protocolos para la emisión de permisos de uso de agua.
- Establecer un mecanismo de retroalimentación pública y de quejas por violaciones a la Ley Nacional de Recursos Hídricos y la Ley Ambiental.
- Contribuir al proceso de toma de decisiones mediante el desarrollo de estándares para calcular los costos relacionados con los servicios de agua potable y saneamiento.
- Declarar 75,000 hectáreas de zonas de recarga de acuíferos protegidas en toda la cuenca para 2044.
CRS y FIAES colaborarán con las autoridades de medio ambiente y agua para mejorar la seguridad hídrica y salud de la cuenca, promover la conservación de la biodiversidad y estimular el desarrollo económico a través de la agricultura regenerativa.
El programa tendrá una junta directiva conformada por siete miembros, que incluye un representante del gobierno salvadoreño, uno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y cinco representantes no gubernamentales.
