Cuando El Salvador adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial en enero de 2001, la mayoría de ciudadanos utilizó el billete verde en lugar del colón salvadoreño en el primer año. Con el bitcoin no fue así y, a tres años de adopción, uno de los bastiones económicos promulgados por la administración de Nayib Bukele deja dudas sobre si hubo réditos y a quiénes benefició.

La ley bitcoin se aprobó bajo tres primicias principalmente: abaratar el costo en el envío de remesas, la inclusión financiera y crear una reserva para una futura crisis. A su vez, desencadenaría otros indicadores, como atracción de inversión y turismo.
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En una entrevista con la revista Time, publicada el 29 de agosto, el presidente Bukele reconoció que el “bitcoin no ha tenido la adopción que esperábamos”, pero que “todavía hay tiempo para hacer algunas cosas”.


Remesas

El economista y miembro de la junta directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), Alfonso Goitia, aseguró que el mínimo beneficio que se pudo recibir a través de la criptomoneda estaría vinculada a la recepción de remesas.

El Banco Central de Reserva (BCR) registra que entre septiembre de 2021 y julio de 2024 ingresaron un poco más de $303.8 millones en remesas a través de billeteras digitales de criptomonedas.

La institución comenzó a reportar las remesas en bitcoin en septiembre de 2021 y solo ese año se registraron $44.5 millones, luego en 2022 subieron a $126.7 millones y en 2023 totalizaron $82.9 millones, mientras que entre enero y julio de 2024 se han captado $49.7 millones.

En tres años, las remesas en bitcoin no pasaron del 1 %. De acuerdo con el BCR, los salvadoreños en el exterior prefieren enviar el dinero a través de empresas remesadoras o las instituciones bancarias, que representan más del 96 % de todas las operaciones.

Una tienda en la playa de El Zonte, el primer lugar en adoptar el bitcoin antes de que fuera declarado moneda de curso legal. /DEM
Una tienda en la playa de El Zonte, el primer lugar en adoptar el bitcoin antes de que fuera declarado moneda de curso legal. /DEM



Inclusión financiera

En un país donde solo cuatro de cada 10 de ciudadanos tienen acceso a internet, el uso de monederos digitales parece utópico. “Pareciera que el logro en esto ha sido muy modesto”, y menos en los segmentos poblacionales de ingresos bajos, consideró Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR).

“Como moneda de curso legal, su impacto ha sido muy limitado”, indicó el economista, al recordar que quienes sí usan el bitcoin como un refugio de inversión es la gente de ingreso alto.

Para Acevedo, obtuvieron ganancias quienes compraron cuando el precio bajó. La cotización de la criptomoneda se encontraba en la banda de los $49,000 el 7 de septiembre de 2021, mientras que para este viernes oscilaba en los $53,500.

En tres años, hubo dos picos históricos con un máximo de $73,700 el 14 de marzo de 2024, pero también se llegó a cotizar por debajo de los $20,000.

El presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), Óscar Cabrera, dijo que la población fue “sabia” en preferir el dólar al bitcoin, pues el primero es una moneda respaldada por la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos.

Para motivar el uso de la criptomoneda, el gobierno lanzó la Chivo Wallet con un bono de bienvenida de $30. Sin embargo, la mayoría que descargó la aplicación no la volvió a utilizar después de gastarse el dinero.

En la página oficial de Chivo Wallet se señala que tiene más de 50 cajeros automáticos en El Salvador y más de 45 en Estados Unidos.


Reservas en bitcoin

Bukele ha confirmado que su gobierno ha destinado $135 millones para la compra de bitcoins. En un principio, el mandatario anunciaba las operaciones en redes sociales, pero en noviembre de 2022 el mandatario se comprometió a comprar un bitcoin por día.

La Oficina del Bitcoin, una delegación creada en 2022 para promover el uso de la criptomoneda, reporta que, al 6 de septiembre, el gobierno tiene en su propiedad 5,865.76 bitcoins, que a precio de mercado están valorados en $312.8 millones.

“Para ver si la inversión ha sido rentable, hay que ver el valor de mercado, cuánto pagó por los bitcoins que él (Bukele) compró y cuánto valen ahora. Efectivamente, lo que valen ahora es más de lo que el gobierno pagó, pero hay que hacer un análisis financiero más fino” de cuánto habría ganado si ese dinero se hubiera colocado en fondos de inversión de mercado, añadió Acevedo.

Goitia aseguró que el gobierno ya no debe comprar bitcoin ni “especular con dinero público”. El economista señaló que si fuese cierto que el bitcoin ha generado “ganancias” es necesario que se destinen para obras públicas, como construcción de escuelas y en mejorar el sistema de salud.

El vocero del Colegio no descarta que las reservas de bitcoin adquiridas y todo el fondeo utilizado para su ejecución como moneda de curso legal haya implicado más dinero que las ganancias que se pudieron generar.

“No se puede aceptar que un país, que un gobierno, esté en ese juego especulativo con el dinero público. Por lo tanto, ese criterio de si es moneda de curso legal hay que eliminarlo”, acotó el directivo de Colproce.

Fudecen asegura que el bitcoin pone en “riesgo” las finanzas públicas, al mismo tiempo que reprochó que el gobierno no sea totalmente transparente con los recursos destinados para la estrategia monetaria.

Goitia señala que el país se encuentra en una etapa “de crisis” por lo que “si el bitcoin ayuda” debe de procurarse “que ayude de una vez” a la población salvadoreña.


¿Hay futuro?

Acevedo consideró que la adopción de la criptomoneda en El Salvador “depende mucho del futuro del bitcoin a nivel global”.

“No se puede plantear el futuro del bitcoin en El Salvador desconectado de cómo le va al bitcoin a nivel mundial. Esa es la clave. El Salvador puede anunciar y hacer lo que quiera, pero si el precio del bitcoin internacionalmente está mal, no va a funcionar. Si el precio se dispara a un millón, entonces va a funcionar”, sentenció.

También el economista evaluó que no tiene sentido mantener la categoría de curso legal, tal cual ha pedido el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2022 como moneda de cambio en las mesas de negociaciones para un programa de financiamiento.

Al respecto, Cabrera indicó que el gobierno puede derogar el carácter obligatorio del bitcoin y establecerlo de forma “opcional”. Además, instó al Ministerio de Hacienda a realizar un ejercicio de transparencia para divulgar cómo se tomó la decisión de invertir en bitcoin y el manejo del uso de las billeteras.

Goitia dijo que el bitcoin como moneda de curso legal no tiene futuro en El Salvador, principalmente por los bajos niveles de interés que genera en la población.

“Definitivamente hay que abandonar ese concepto (curso legal) y hay que dejar, si la gente quiere especular, quiere jugar a las criptomonedas, que lo juegue”, añadió Goitia.

Cabrera añadió que el valor intrínseco del bitcoin no existe porque no está respaldado por el gobierno y está sujeto a la volatilidad.