En el calendario del Directorio Ejecutivo, la máxima autoridad del Fondo, se tiene también programada la revisión de la consulta del Artículo IV de El Salvador.
La evaluación que se someterá a consenso es el acuerdo a nivel personal técnico anunciado el 27 de mayo tras la primera revisión del programa de financiamiento por $1,400 millones de 40 meses.
En ese momento, el Fondo aseguró que el programa fiscal ha tenido un sólido desempeño pues la mayoría de los objetivos definidos para la primera revisión se cumplieron con “creces”, mientras que la “implementación de los parámetros estructurales avanza satisfactoriamente”.
Entre los temas pendientes se encontraba una ley de sostenibilidad fiscal, la cual entró en vigencia este 19 de junio con la meta de reducir la deuda pública a un 80 % del producto interno bruto (PIB) para 2030.
El último perfil de la deuda del sector público no financiero (SPNF), publicado por el Ministerio de Hacienda, señala que el saldo supera los $32,010.4 millones a abril pasado, una cifra que incluye las obligaciones del sistema de pensiones. Esto equivale a un 87.2 % del PIB estimado para 2025.
Temas pendientes
Según el comunicado emitido el 27 de mayo, el FMI alcanzó entendimientos con el gobierno salvadoreño para apoyar las medidas de consolidación fiscal a través de moderación del gasto corriente y recortes salariales, como se aplicó en el presupuesto de 2025.Entre los planes pendientes está una reforma a la función pública y el sistema de pensiones que se incluiría en la ley de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, en el proyecto aprobado se estableció que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) debe remitir al Ministerio de Hacienda un informe actuarial del sistema previsional.
Asimismo, el FMI adelantó que para julio se tiene programado el desmantelamiento de la Chivo Wallet. Previo a esto, el Fondo acompañará los esfuerzos del gobierno para garantizar que la cantidad de bitcoins en el monedero estatal se mantenga sin cambios.
