“A pesar de los beneficios de las recompras y de la presentación de un presupuesto que pretende reducir el déficit fiscal mediante un ajuste en el gasto público, la situación económica seguirá siendo frágil”, reparó el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), en declaraciones a Diario El Mundo.
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Para Choussy, un ajuste fiscal per se “no resuelve los problemas estructurales como el bajo crecimiento, la persistente baja inversión, los bajos niveles de productividad y la falta de institucionalidad”.
En las últimas dos semanas, el mercado de inversionistas ha fijado su atención en El Salvador después de que el gobierno de Nayib Bukele presentara el anteproyecto del presupuesto de 2025 sin incluir deuda para gasto corriente, así como el anuncio de una recompra de bonos con vencimientos entre 2027 y 2052.
Para reducir el gasto corriente en el presupuesto de 2025, el gobierno propone un recorte de 11,115 plazas, además del congelamiento de los escalafones para los trabajadores del rubro de salud y educación.
Si bien Fitch Ratings considera que la propuesta que se discute en la Asamblea Legislativa no enfrentará resistencia y es una muestra de consolidación fiscal, El Salvador aún se enfrenta a incierto acceso al mercado de bonos y se corre el riesgo que la ejecución presupuestaria no se materialice.
“Creemos que estas ambiciosas medidas enfrentan riesgos de ejecución”, afirma la agencia.
Mejora de riesgo país
El riesgo país de El Salvador, medido por el Indicador de Bonos Emergentes (EMBI), elaborado por JP Morgan Chase, mostró una fuerte desaceleración desde la presentación del anteproyecto del presupuesto, ya que el 30 de septiembre se encontraba en 569 puntos y para el 15 de octubre se situó en 489, una reducción de 80 puntos.El EMBI ha regresado a los niveles que se tenía poco antes del inicio de la pandemia de covid-19 y se encuentra en su punto más bajo desde el 4 de marzo de 2020.
¿Por qué importa? El EMBI es un indicador clave para los inversionistas porque mide el nivel de certeza de una economía emergente para cumplir sus obligaciones. En el caso de El Salvador, se exacerbó en 2022 por la incertidumbre de pago de un bono en enero de 2023 y el país se colocó como el más riesgoso de América Latina, solo superado por Venezuela.
Choussy señaló que la mejora en el nivel de riesgo por la operación de recompra de deuda podría alentar al gobierno a emitir deuda en el mercado internacional sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sin tratar de solucionar los problemas estructurales de la economía salvadoreña.
“No sería recomendable en el largo plazo, ya que semejaría a ‘patear la pelota hacia adelante’”, afirmó el economista.
En esa línea, S&P Global Ratings calificó la operación de recompra como “oportunista” porque consideró que el gobierno podría cumplir con sus obligaciones financieras en los vencimientos establecidos.
La oferta, la cuarta lanzada desde 2022, incluía ocho emisiones por $6,200 millones, más un bono de interés macro variable de $1,000 millones. Al cierre de la convocatoria, los inversionistas propusieron $1,756 millones, de los cuales el gobierno se comprometió a comprar $940.4 millones.
