La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos dice, que, aunque aún no se conocen los parámetros que el gobierno está tomando en cuenta para la propuesta de reforma de pensiones que deberá publicar en febrero, el proyecto debe ser discutido en la Asamblea Legislativa, consultado con la ciudadanía e incluso habla de un referéndum.

“Va a ser hasta que tengamos el proyecto de Ley de Reforma de Pensiones que podamos saber cuáles van a ser los parámetros que se van a tocar… Cada uno de los impactos que toque, cada variable, tiene que discutirse, aquí, en la Asamblea Legislativa, y tiene que haber una discusión con la población. Una reforma de pensiones es un tema que da para hacer un referéndum, para que se le pregunte a la gente qué opina y que se le dé la información de qué pasa si se hace esta reforma”, asevera la diputada.

Ortiz habló de los parámetros “más importantes” como la edad de jubilación ya que, si se sube, se cotiza más tiempo y entra más dinero al sistema; también, como la tasa de cotización, que, si se sube, también entra más dinero al sistema. Pero siempre hay consecuencias, consideró.

“Podría haber un tipo de distorsión del mercado laboral, la gente joven va a tener, quizá, menos oportunidades de acceder a empleos o el costo de la vida; o más bien, el ingreso de la gente se vería afectado si tiene que cotizar más de lo que está cotizando actualmente, si las empresas también tienen que dar un aporte mayor”, son los temas que deben estudiarse, dijo.

Pero la diputada de oposición tiene varias interrogantes, que considera el Estado debería responder:

“La gran pregunta es qué va a hacer el Estado. ¿Va a dejar de tomar prestado el dinero de las pensiones? ¿Va a hacer público cuál es la situación de endeudamiento con pensiones que ha tomado el Estado? O vamos a seguir igual: todo el mundo pagando los costos, apretándose el cincho y tragándose la medicina amarga, mientras los que tienen el poder siguen sirviéndose con cuchara grande de los fondos de las pensiones”. Claudia Ortiz (Vamos).

Para Ortiz, el estudio de la reforma de pensiones debe ser "a conciencia", ya que puede llegar a constituirse la llamada “medicina amarga” aunque, opina, se hubiese podido anticipar cuando se comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Acuerdo Ampliado del Fondo.

“Es como la medicina amarga que nos anunciaron pero, si el Estado hubiese sido más responsable en las finanzas públicas, en 2021, cuando comenzaba la negociación con el Fondo Monetario Internacional, quizá si hubiese cedido en derogar la Ley Bitcoin, quizá las condiciones que el FMI ha puesto hubiesen sido menos duras”, señala.

En julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el Estado de El Salvador debe reducir su "dependencia de los fondos de pensiones" como parte del acuerdo de $1,400 millones en busca de la estabilidad financiera del país cuando la deuda estatal de pensiones alcanzó los $10,789.19 millones.

A finales de septiembre, la deuda total del Estado con el Fondo de Pensiones alcanzó los $11,070.62 millones según el Banco Central de Reserva (BCR) que cita cifras preliminares del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026. El estudio actuarial, que debió haberse publicado a finales de septiembre según el acuerdo con el FMI, no se ha publicado.