La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), una de las cuatro empresas públicas del Estado salvadoreño, cerró el año 2024 con un patrimonio de $301.4 millones, $17 millones menos respecto al año 2023 cuando era de $318.4 millones pero más que los $282.8 millones con los cuales cerró el año 2022.
Sus activos cerraron en $900.5 millones y sus deudas o pasivos totales, $615.3 millones, lo que hace que se concluya una diferencia o patrimonio a su favor de $301.4 millones.
Sus balances, publicados en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda, muestran también que los ingresos por ventas han aumentado en la ANDA, pero que los gastos han superado sus ingresos al menos durante los últimos cinco años.
Por ello, los "resultados" de los últimos cinco años han sido negativos: en 2023 fue -48.9 millones y en 2024 -16.2 millones.
En 2024, la ANDA tuvo $256.5 millones de ingresos pero $272.7 millones en gastos, una diferencia de $16.2 millones. Esta diferencia en donde los gastos dejan atrás a los ingresos ha sido más grande en tres años anteriores: $65.9 millones en 2020, $61.2 millones en 2021 y una diferencia de $21.2 millones en 2022, siempre los gastos mayores a los ingresos.
El mayor gasto de la administradora estatal de agua se concentra en personal, gastos financieros y costos de venta. Sus ingresos, en su mayoría, provienen de sus ventas, que durante los últimos años van en aumento: desde $120.4 millones en 2020, $133.6 millones en 2021, $147.6 millones en 2022, $149.5 millones en 2023 y $158.6 millones en 2024.
El Ministerio de Hacienda publica en su Portal de Transparencia Fiscal los balances financieros y estados de resultados de las empresas públicas.
La publicación de la información está comprendida dentro del ángulo de transparencia del acuerdo del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el 27 de junio pasado aseguró que en la primera revisión del Servicio Ampliado para el gobierno salvadoreño "se promulgó una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal; (ii) se publicó un decreto presidencial que limita las excepciones a la Ley de Contratación Pública; (iii) se publicó información financiera sobre las empresas estatales más grandes; y (iv) se facilitó el acceso a la información sobre contratos públicos". El FMI también reconoció que se "siguen tomando medidas para mitigar los riesgos asociados al Bitcoin y deshacer la participación del sector público en Chivo".
