Más de 7,700 trabajadores del sistema público de salud salvadoreño fueron despedidos durante el año 2025, según denunciaron este miércoles organizaciones sindicales y empleados cesados del Ministerio de Salud (Minsal), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Fosalud y hospitales nacionales, entre ellos el Hospital Rosales, aglutinados en la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa).

De acuerdo con los datos proporcionados por las organizaciones, el Hospital Rosales concentra uno de los mayores recortes, con alrededor de 1,800 empleados despedidos, lo que —según trabajadores afectados— representó prácticamente el desmantelamiento del principal centro hospitalario del país.

Por su parte, la sindicalista de Sitrasalud, Silvia Navarrete, detalló que solo en el Ministerio de Salud se han suprimido 2,500 plazas en 2025; en Fosalud, 1,100 despidos, a los que se suman otros 700; mientras que en el ISSS se contabilizan 407 ceses y otros 265 en distintas áreas de esa institución. “En total, hablamos de 7,772 trabajadores despedidos ilegalmente, porque no se ha seguido ningún proceso administrativo”, sostuvo.

“De aproximadamente 4,000 empleados que tenía el Hospital Rosales, el 90 % fue despedido, de todas las especialidades y de todas las áreas del sistema de salud. Prácticamente el hospital ha sido desaparecido”, denunció un trabajador cesado, quien aseguró que las autoridades no han brindado respuestas claras sobre su situación laboral.

Enfermeras y médicos reclamaron haber sido llamados héroes durante la pandemia y ahora son despedidos. Dania Quehl

El trabajador afirmó que, al momento del despido, únicamente les entregaron un documento en el que se les pedía optar por una renuncia o una indemnización, con la promesa de que serían contactados en enero de 2026, lo cual —dijo— no ha ocurrido. “Nadie nos da respuesta”, lamentó.

El 23 de diciembre de 2025, cientos de empleados del Hospital Nacional Rosales fueron despedidos. El anuncio fue de manera verbal e incluía a médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza.

De igual forma, sostienen que la falta de personal médico con experiencia pone en peligro la vida de los pacientes, en especial de los sectores vulnerables.

Según explicó, varios empleados han acudido a la Procuraduría General de la República para exigir la intervención del Ministerio de Trabajo; sin embargo, indicó que ninguna institución ha asumido responsabilidad. “Sabemos que nos rige la Ley de Servicio Civil, pero el Tribunal de Servicio Civil tampoco acepta las denuncias porque no nos quieren entregar ningún documento”, señaló.

Ante esa situación, los trabajadores exigieron al Ministerio de Salud que respete la legislación nacional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que se les entregue la documentación necesaria para formalizar las denuncias correspondientes.

El coordinador de la Unidad de Trabajadores del Hospital Rosales, Juan Carlos Hernández, calificó los despidos como una “situación crítica” que vulnera derechos laborales y afecta directamente a la población. “Esto impacta al sistema público de salud y al derecho constitucional de la población a recibir atención médica digna, oportuna y de calidad”, expresó.

Navarrete también rechazó señalamientos oficiales que califican a los empleados como “malos trabajadores”. “No se ha probado nada y el debido proceso ha sido totalmente obviado”, afirmó.

En ese contexto, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) denunció que los despidos constituyen graves atropellos a los derechos laborales y generan un clima de hostigamiento contra el personal de salud, además de afectar la continuidad de los servicios públicos.

El trabajador despedido también cuestionó la contratación de médicos extranjeros con altos salarios. “Nos hemos dado cuenta de que médicos extranjeros han ingresado con sueldos de hasta 12,000 dólares mensuales. Eso es injusto cuando en El Salvador hay mano de obra calificada, profesionales que con mucho esfuerzo han estudiado y son capaces”, expresó, al asegurar que además se les estaría pagando vivienda y educación para sus hijos.

Las organizaciones y trabajadores cesados reiteraron su petición de que el Gobierno instale una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud y las instituciones correspondientes, y exigieron la suspensión inmediata de las supresiones de plazas realizadas de forma irregular.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, indicó que las autoridades de salud se han plegado a la Ley de Red Nacional de Hospitales para realizar estos despidos, al indicar que, como el Hospital Rosales pasó a ser regido por la Dirección de Hospitales, el Ministerio de Salud no tiene competencia en los despidos o renuncias "voluntarias" efectuadas en diciembre.